admin
El Gobierno ha ingresado un veto sustitutivo a la Ley Integral de Personas Mayores a menos de dos semanas del cambio de mando, objetando específicamente los artículos 15 y 29 relacionados con aspectos laborales. Esta decisión ha generado sorpresa y malestar, dado que la normativa había sido aprobada por unanimidad en el Congreso tras una extensa tramitación de cinco años y contaba con el respaldo de diversas organizaciones civiles. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien anteriormente había destacado el cambio de paradigma hacia un enfoque de derechos y autonomía para la vejez, lideró la reunión donde se comunicó esta impugnación que retrasa la promulgación prevista para inicios de mes.
Diversas agrupaciones de la sociedad civil han manifestado un rechazo categórico a la medida, cuestionando que se presente un recurso de última hora justo antes de finalizar el periodo presidencial. Representantes de organizaciones como Conecta Mayor UC, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y Fundación Grandes coinciden en que este veto representa un retroceso descorazonador frente a un consenso legislativo que ya había abordado las preocupaciones laborales y de informalidad. La incertidumbre ahora recae sobre la administración entrante, de la cual dependerá que la implementación de esta ley de protección y envejecimiento digno no se dilate indefinidamente. (NP-Gemini-Emol)
