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Cuatro grandes empresas del sector pesquero industrial han iniciado, o anunciado, acciones legales contra el Estado de Chile tras la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en junio de 2025. Las compañías alegan que la nueva normativa, que redistribuye las cuotas de captura entre los sectores artesanal e industrial, constituye una “expropiación regulatoria” al alterar las reglas de operación que estaban garantizadas legalmente hasta el año 2032. En conjunto, las pretensiones indemnizatorias de las firmas alcanzan una cifra preliminar de al menos US$486 millones.
La ofensiva judicial es liderada por Camanchaca, Blumar y Landes, a las que se sumó recientemente la firma de capitales noruegos FoodCorp. Los argumentos centrales de las demandas apuntan a la vulneración de la seguridad jurídica y a la afectación patrimonial grave, derivada de la reasignación de recursos como el jurel y la merluza sin mecanismos de compensación económica. Las empresas sostienen que la ley ignoró las inversiones de largo plazo y los contratos laborales estructurados bajo el marco regulatorio anterior, heredando así un complejo escenario judicial para la actual administración.
CRISIS POR CUOTAS Y FISCALIZACIÓN
La Ley de Fraccionamiento no solo modificó la repartición de los recursos marinos, sino que también endureció los controles de desembarque y aumentó la dotación de fiscalizadores. No obstante, su origen estuvo marcado por la controversia debido a errores en las cifras de rendimiento presentadas durante el gobierno anterior, lo que forzó una resolución en Comisión Mixta. Actualmente, el fisco deberá enfrentar juicios donde las cuantías reclamadas varían desde los US$70 millones hasta los US$216 millones por empresa, poniendo en jaque la sostenibilidad financiera de algunas de las mayores operadoras de la zona centro-sur del país. (NP-Gemini-Emol)
