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En la tradición católica, se ha considerado la existencia de “siete pecados capitales”, según una clasificación que fue estructurada por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI y más tarde popularizada por Dante Alighieri en “La Divina Comedia”. Se les llama “capitales” porque funcionan como impulsos de los que derivan todos los demás comportamientos negativos.
La crisis que ahora se ha desencadenado en la oposición de centro–izquierda e izquierda, podría ser caracterizada como un resultado de siete pecados capitales en que ha incurrido principalmente el Partido Socialista (PS), y en alguna medida, sus viejos aliados del PPD.
Primero: El Partido Socialista inició en el Senado el 27 de noviembre de 2024 una reforma al sistema político, a la que sumó después una iniciativa legislativa similar presentada por congresistas de la derecha, entre ellos por la recién electa presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), quien llegó a ese cargo producto de una negociación con el PS y PPD. La iniciativa de socialistas y derechistas convergía en colocar restricciones al sistema político, por la vía de reducir la representación de la diversidad de la sociedad en los partidos, por la vía de la eliminación de una parte. Ello determinó que su tramitación fuera empujada por esta alianza de facto entre el PS y la derecha, hasta su ingreso a la Cámara de Diputados, donde llegó a segundo trámite constitucional.
Entre otras medidas arbitrarias, la iniciativa socialista establecía el umbral electoral del 5% para que los partidos políticos puedan acceder a representación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Agregaba que los votos de los partidos que no alcancen aquel umbral se redistribuirían proporcionalmente entre los partidos del pacto electoral que sí lo superasen. Es decir, “meter la mano en la urna” y distorsionar la soberanía popular: por ejemplo, si un partido elegía en las urnas siete diputados pero la colectividad lograba un 4,9 por ciento, no lograría ningún escaño. Una especie de sistema binominal 2.0., que tanto fue criticado por el campo progresista por su carácter excluyente y ser no representativo de la voluntad de la ciudadanía.
Segundo: En forma paralela, el entonces Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, presentó una propuesta propia de reforma al sistema político en julio de 2025. Como se sabe, en su larga trayectoria política Elizalde ha sido senador del PS y presidente de esta colectividad. Esta iniciativa también proponía una reforma al sistema político, en la perspectiva de eliminar partidos existentes. Incluía requisitos como un gran aumento del requisito territorial para la formación de partidos políticos, eliminando la actual posibilidad de estar constituidos en tres regiones continuas, manteniendo solamente la opción de ocho regiones discontinuas, y el incremento del número de afiliados para constituir un partido político: se elevaba el umbral mínimo de afiliados del 0,25% al 0,5% del padrón electoral definitivo.
Eran unas metas casi imposibles de cumplir, tanto para nuevos partidos como por aquellos que hubieran perdido su legalidad y se propusieran reinscribirse. Se trataba de normas más restrictivas y excluyentes que las establecidas en la Ley de Partidos Políticos que se heredó de la dictadura cívico–militar. Nii siquiera Augusto Pinochet y Jaime Guzmán concibieron un sistema similar al propuesto por el Ministro del Partido Socialista. Y comenzó su tramitación legislativa con el entusiasmo respaldo de congresistas del PS y la derecha.
En forma paralela, Elizalde rechazó propuestas alternativas surgidas desde parlamentarios del campo progresista, que planteaban la opción de la Federación de Partidos. La decisión del Gobierno se adoptó, entonces, desoyendo las voces de su propio sector.
Tercero: En los últimos meses, el proyecto iniciado en el Senado quedó en el camino. El argumento del Gobierno era la complejidad de su tramitación por tratarse de un cambio a la Carta Fundamental. En verdad, pareciera que el problema real es que esa propuesta tenía artículos transitorios que establecían en forma excepcional, para la elección de 2025, que los partidos que lograran el 4 por ciento o que sumaran cuatro parlamentarios conservarían su legalidad. El Ministro socialista quería sangre ahora y sin excepciones. La iniciativa propuesta por el Ejecutivo tomó celeridad luego de que le colocara todo tipo de urgencias, con la ansiedad de lograr que fuera aprobado antes de que terminara el mandato del Presidente Gabriel Boric.
Frente a los cuestionamientos al carácter restrictivo de la iniciativa, en febrero funcionó una mesa política y técnica para encontrar una fórmula alternativa. El resultado de ese trabajo se reflejó en que a inicios de marzo el proyecto fue aprobado en la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, estableciendo una excepción para permitir la fusión de partidos políticos en disolución. La indicación presentada por la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, establecía que los partidos políticos que participaron en las elecciones parlamentarias de 2025, pero que tienen al menos un parlamentario, podrían fusionarse con partidos constituidos legalmente, siempre que estos hayan obtenido un umbral de votación de un 5% a nivel nacional o hayan obtenido a lo menos cuatro parlamentarios.
Habría que recordar que la fusión de dos partidos en disolución fue una norma permanente de la Ley de Partidos Políticos, no excepcional, por casi 30 años y desde la dictadura. En este caso, era más restrictivo: era una posibilidad excepcional y solo era posible entre un partido en riesgo de disolución con uno que la tuviera garantizada.
Cuarto: Unos pocos días después, la Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema político y la despachó nuevamente al Senado para su tercer trámite. No obstante, contra los pronósticos, se rechazó la votación en particular de la norma sobre la fusión de partidos en riesgo de disolución. A pesar de la aprobación previa en la Comisión de Gobierno y de que la disposición fue propuesta por el Ejecutivo. Fue rechazada en la votación particular con 46 votos a favor, 60 en contra y 22 abstenciones.
En contra de la norma votaron diputados de la izquierda, la centro–izquierda, la derecha y la extrema derecha. En específico, fue la opción de congresistas del Partido Comunista, el Partido Socialista, el PPD, Frente Amplio, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Nacional Libertario (con su ex candidato presidencial Johannes Kaiser) y el Partido de la Gente, con el voto de Pamela Jiles. A los diputados de la centro–izquierda e izquierda que votaron de esta forma, no les importó que con ello estaban colocando una lápida a dos de sus aliados de coalición: Acción Humanista y el centenario Partido Radical, a los que solamente quedaría la opción de intentar reinscribirse, ahora en condiciones extremadamente duras que no contemplaban las normas heredadas de la dictadura y que no han existido por más de tres décadas.
En el caso de Pamela Jiles, no le importó sepultar al Partido Humanista, que presentó su primera candidatura a diputada en 2017, antes de que diera el paso de sumarse al Partido de la Gente y a la candidatura de Franco Parisi.
En principio, solo podría llegar a llegar a conservar su legalidad la Federación Regionalista Verde Social, que ha presentado un reclamo ante el Tribunal Calificador de Elecciones, en contra de una interpretación del Consejo Directivo del Servicio Electoral, cuyos miembros han sido cuoteados, coincidentemente, entre parte de los partidos que votaron de la forma comentada en la Cámara Baja.
¿Será posible hablar de “traición” en este caso, a los aliados y a los principios democráticos?
Sexto: Cuando estos hechos recién habían ocurrido, se llegó al momento de la negociación para establecer un “acuerdo administrativo” para la conformación de la mesa de la Cámara de Diputados y las comisiones. En este contexto, una parte de los partidos de izquierda y centro–izquierda elucubraron la genial idea de unirse al Partido de la Gente y presentar la candidatura de Pamela Jiles a la presidencia de la corporación. Era la misma que en los últimos cuatro años, fue tenaz opositora del Presidente Gabriel Boric y de propuestas como el proyecto de Reforma Tributaria, la que rechazó en bloque con la derecha y la extrema derecha, golpeando así uno de los pilares clave de la viabilidad de su programa de Gobierno.
La idea recibió cuestionamientos de personas relevantes para el sector, como es el caso de la ex precandidata presidencial del llamado “Socialismo Democrático”, Carolina Tohá.
Con todo, el jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, leyó una declaración en la que confirmaban el pacto, señalando que “estimamos relevante para efectos de resguardar los necesarios equilibrios institucionales (sic), que la Cámara de Diputados y Diputadas sea presidida por una expresión distinta a la del actual Ejecutivo (sic). Estamos convencidos de que ello contribuye al adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas y al fortalecimiento del clima de estabilidad (sic) que nuestro país requiere”. Y puntualizó que “no es un acuerdo político, es un acuerdo administrativo (sic)”.
Con todo, mientras camina la negociación se exploraban otras posibilidades. El diario digital Ex Ante consignó, antes de concluidas las negociaciones: “En la centroizquierda sostienen que el hecho que podría hacer que la DC, el PPD y otras tiendas del Socialismo Democrático cambien de postura y sellen un acuerdo de gobernanza con la derecha sería que ese sector nomine como su carta a Jorge Alessandri”, y bajara al republicano Agustín Romero, puesto que Alessandri “sí concita apoyos en parte del oficialismo”. De hecho, hubo diálogos entre las fuerzas políticas mencionadas para lograr un acuerdo transversal.
El PS terminó imponiendo el camino de Pamela Jiles, ex comunista, la misma que se inventó un inexistente paso por el FPMR, ex Partido Humanista y ex Frente Amplio, y ahora en el Partido de la Gente. Como se recordará, el 2021 esa colectividad llamó a votar por Kast y en los comicios del año pasado decidió no respaldar a ningún candidato, lo que significa que desestimó respaldar a Jeannette Jara, abanderada de todo el progresismo.
Luego que se impuso Felipe Alessandri, la bancada de diputados del Partido Socialista habló de “traición”, lo que resultaba ciertamente muy extraño considerando los antecedentes de Jiles y su partido, así como los citados gestos de amistad y convergencia de su colectividad con la derecha. Pero faltaban más.
Séptimo: Mientras que la bancada de diputados del PS hablaba de “traición” por la elección de Jorge Alessandri como presidente de la Cámara Baja, en el Senado su colectividad, junto al PPD, celebraban con regocijo el “gran acuerdo” que habían logrado con la derecha, que significó entregarles la presidencia del Senado por tres de los cuatro años del nuevo período legislativo.
El “acuerdo administrativo” del PS y el PPD con la derecha establece que el primer año la presidencia del Senado será ocupada por Paulina Núñez (RN) y la vicepresidencia por Iván Moreira (UDI); en el año 2027 asumiría el senador Javier Macaya (UDI) y Karim Bianchi, independiente PPD, que fue determinante en la aprobación del controversial proyecto de conmutación de penas para autores de graves delitos y crímenes de lesa humanidad.
Ell 2028 Luciano Cruz–Coke (Evópoli) asumirá la presidencia con un vicepresidente del PPD por definir; y en 2029 la senadora y presidenta del PS Paulina Vodanovic se quedará con el cargo principal mientras el senador Rojo Edwards (independiente de ultraderecha) ocupará la vicepresidencia.
Del “acuerdo administrativo” fueron excluidos los senadores del Frente Amplio, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social. ¿En este caso no corresponde hablar de “traición”?
Según “Ex Ante”, “todo apunta a que el acuerdo de la derecha con el Socialismo Democrático tendrá un correlato con la distribución de diversas comisiones legislativas, claves en el trabajo legislativo, más allá de que la presidenta de la Cámara Alta tendrá incidencia en el ritmo de su agenda, conduciendo los debates y priorizando proyectos de ley”.
Uno de los impactos del “gran acuerdo” provocó una división en el campo opositor en la Cámara Alta, en que se conformó un bloque de 12 senadores compuesto por el PS, el PPD y el senador liberal Vlado Mirosevic. Por otro lado, los congresistas del Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y la FREVS optaron por formar un comité propio de once integrantes, encabezado por la senadora Yasna Provoste y por Claudia Pascual como subjefa.
En la doctrina católica, el perdón de un pecado capital requiere un proceso específico, que es el “Sacramento de la Reconciliación”, que se compone de pasos claves, como un “examen de conciencia” o “el ejercicio de reflexionar sobre las propias acciones, palabras y omisiones para identificar las faltas cometidas”; la “contrición” o el arrepentimiento, y finalmente un “propósito de enmienda”.
Santiago, 14 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
