admin
La investigación sobre el paradero de detenidos desaparecidos en la dictadura cívico–militar ha dado un salto adelante tras la revelación de un informe clave por parte del Plan Nacional de Búsqueda.
Este documento, que fue entregado a la magistrada Paola Plaza, quien lidera la causa desde 2022, se hizo público en un reportaje de Ciper, señalando que puso de manifiesto la posible ubicación de restos de víctimas.
El informe, enviado hace unas semanas, apunta a un terreno que en su momento perteneció a la Municipalidad de Ñuñoa y que hoy forma parte de Macul, el cual era utilizado como un vertedero.
La presunción sobre este sitio se basa en testimonios de exfuncionarios policiales, testigos claves y antecedentes de otras causas judiciales ya concluidas. Según el reporte, las víctimas habrían sido enterradas en el lugar entre septiembre de 1973 y comienzos de 1974.
Entre los afectados señalados en el informe se encuentran tres integrantes del Dispositivo de Seguridad del Presidente Salvador Allende (GAP), un militante del Partido Comunista, tres ciudadanos uruguayos, un brasileño, un niño de 11 años y otras personas sin afiliación política identificada.
El documento entregado a la magistrada no solo identifica el posible lugar, sino que también incluye una propuesta técnica para realizar excavaciones en el lugar, labores que deberían ser ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas.
Por lo menos desde 2024, la comunidad de Macul y sus autoridades estaban en conocimiento de las informaciones de vecinos, las cuales terminaron alertando al Plan Nacional de Búsqueda.
En medio de estas revelaciones, el Ministro de Justicia, Fernando Rabat, se pronunció sobre la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda, enfatizando que no existe la intención de desmantelar la iniciativa, a pesar de que actualmente se encuentra en revisión.
“No queremos nosotros eliminar el Plan de Búsqueda”, aseguró el Secretario de Estado según Radio Cooperativa. Al respecto, explicó que “el Subsecretario de Derechos Humanos está analizando el Plan de Búsqueda” y que se están realizando “reuniones periódicas con ministros que tienen a su cargo investigaciones en materia de Derechos Humanos”.
Aseguró que “no existe ánimo del ministro, ni tampoco de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de eliminar el Plan de Búsqueda”.
Rabat subrayó que tienen como propósito “velar por los derechos humanos como respeto a los derechos fundamentales de la persona humana”, por lo que “el Plan de Búsqueda, desde esa perspectiva, también se refiere al mismo tema”.
No se pronunció frente a la iniciativa legislativa, hoy en tramitación, que ha propuesto la institucionalización del Plan de Búsqueda, para que adquiera carácter permanente como entidad del Estado y no esté condicionado a la alternancia en el gobierno.
Santiago, 23 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
