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La Contraloría General de la República emitió un oficio a la Secretaría de Comunicaciones (Secom) exigiendo explicaciones sobre una serie de publicaciones en redes sociales que aseguraban que el Estado chileno se encontraba “en quiebra”. El organismo fiscalizador otorgó un plazo de cinco días hábiles para recibir un informe detallado sobre el uso de recursos públicos, el personal involucrado y los fundamentos fácticos de dicha afirmación, la cual fue utilizada por el Ejecutivo para justificar el inédito aumento en el precio de los combustibles y la imposibilidad de aplicar mayores mitigaciones a través del Mepco.
Al interior de La Moneda, la responsabilidad del traspié comunicacional fue asumida por Cristián Valenzuela, director de comunicaciones del Segundo Piso, quien habría enviado la minuta con los conceptos errados a la Secom. Desde el Palacio de Gobierno reconocieron que la formulación “en quiebra” es económicamente incorrecta y que faltó coordinación para socializar el mensaje antes de su difusión. Como parte de la estrategia de control de daños, las autoridades han optado por calificar la expresión como un “término coloquial” destinado a explicar la actual estrechez financiera a la ciudadanía.
La polémica generó un rechazo transversal en el ámbito económico y técnico. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular del Interior, Claudio Alvarado, tomaron distancia inmediata de la publicación, precisando que, si bien la situación fiscal es “deteriorada”, el Estado mantiene su solvencia. A estas críticas se sumó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, quien calificó la terminología como “poco afortunada” y enfatizó que no es la forma adecuada de conducir el debate público sobre las finanzas de la nación. (NP-Gemini-Emol)
