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Un grupo de parlamentarios del Frente Amplio acudió este jueves a la Contraloría General de la República para solicitar que se determinen las responsabilidades administrativas y políticas tras la difusión de mensajes oficiales que calificaban la situación fiscal de Chile como un “Estado en quiebra”. La denuncia apunta directamente al director de comunicaciones del Segundo Piso, Cristián Valenzuela, quien reconoció haber enviado dicha instrucción comunicacional, y a la ministra de la Segegob, Mara Sedini, por el uso de canales institucionales para la propagación de lo que calificaron como información falsa y propaganda política.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES FISCALES
Durante la presentación del requerimiento, el diputado Ignacio Achurra sostuvo que estas afirmaciones dañan severamente la reputación de solidez económica que Chile posee a nivel internacional. El legislador cuestionó la jerarquía en la toma de decisiones comunicacionales del Ejecutivo, poniendo en duda si la vocería es liderada por la ministra Sedini o si el control real lo ejerce el asesor Valenzuela desde el palacio presidencial. Para la oposición, el reconocimiento de responsabilidad por parte de Valenzuela no es suficiente si no se traducen en sanciones concretas por faltas a la probidad.
USO DE APARATO ESTATAL Y “LÓGICA DE CAMPAÑA”
Por su parte, los diputados Constanza Schonhaut y Jaime Bassa enfatizaron que los recursos públicos y las cuentas institucionales deben estar al servicio del interés general y no para difundir idearios partidistas. Bassa recalcó que la administración de José Antonio Kast parece mantener una “lógica de campaña” al utilizar el aparato estatal como una herramienta de propaganda, confundiendo a la ciudadanía con datos que no se ajustan a la realidad financiera del país. Los parlamentarios esperan que el organismo fiscalizador curse las sanciones correspondientes para resguardar el correcto funcionamiento de las instituciones. (NP-Gemini-Emol-Agencias)
