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El nuevo gobierno y la llamada “guerra relámpago” –saturar la agenda con medidas simultáneas, provocativas, complejas y de alto impacto– no busca solamente desorientar a la oposición. Apunta sobre todo a impedir que el conflicto se organice. Cada medida abre un frente, cada frente dispersa la reacción. No deja tiempo para pensar, solo para reaccionar.
Pero hay un segundo movimiento, menos visible y más decisivo: la reacción social no es un efecto colateral, es parte del diseño.
Como en las experiencias de Javier Milei o Donald Trump, desde el punto de vista del gobierno la ira popular no es un problema sino un recurso que activar. Se lleva a la sociedad al borde de su tolerancia para provocar el desborde.
¿Por qué? Porque en el terreno de la ira desorganizada el poder se fortalece.
Cuando la protesta pierde dirección, el conflicto deja de ser sobre derechos y pasa a ser sobre orden. Ya no están en discusión las medidas del gobierno, sino «los disturbios». Ya no hay ciudadanía afectada, hay “violentos” que controlar. El desplazamiento es sutil, pero decisivo.
En ese escenario, el gobierno tiene la iniciativa. Endurece su respuesta, aísla la movilización de los sectores moderados y consolida apoyos en torno a una promesa básica: restablecer el orden.
No es casual que, junto a medidas que afectan derechos, se instale un discurso preventivo sobre la violencia. Cuando se afirma que las manifestaciones deben ser “sin violencia” y al mismo tiempo se responsabiliza a los convocantes por cualquier desborde, el terreno queda preparado. La violencia pasa a ser un recurso disponible –por terceros, por infiltraciones, por provocaciones– como argumento político.
El libreto es conocido: la protesta se deslegitima, la represión se normaliza y el conflicto estructural desaparece de escena.
Mientras tanto, el paquete de medidas avanza. Como en la experiencia de Javier Milei, se combinan iniciativas necesarias –reconstrucción, urgencias sociales– con otras que benefician a sectores específicos, como las rebajas tributarias a los tramos más altos. Lo urgente y lo regresivo se encadenan, dificultando su separación.
Así, la saturación no solo desorienta: también mezcla. Y al mezclar, diluye.
El resultado es una sociedad tensionada, pero no articulada. La reacción existe, pero no se organiza. Y sin organización, la ira no transforma: solo descarga.
Aquí aparece el problema de fondo.
Si la respuesta social se limita a expresar malestar, el gobierno no enfrenta una amenaza. Encuentra una oportunidad. La protesta sin dirección no interrumpe el proyecto: lo legitima.
Derrotar esta estrategia exige salir de esa trampa.
No se trata solo de movilizar, sino de orientar la movilización. No se trata solo de resistir, sino de decidir cómo y cuándo hacerlo. Porque este es un conflicto que no se resuelva en un gesto, sino en una secuencia.
Sin esa direccionalidad, el escenario es previsible: aislamiento progresivo, legitimación de la represión y consolidación de una representación autoritaria de los sectores privilegiados.
Ese horizonte no nace de la movilización. Forma parte del proyecto de la ultraderecha: subordinar lo popular, vaciarlo de contenido.
Y es precisamente ahí donde se juega todo: no en la existencia de la ira, sino en su destino.
Por Jaime Bravo y Jorge Coulon.
Jaime Bravo es economista y presidente de la Corporación Encuentro Ciudadano.
Jorge Coulon es músico, escritor y gestor cultural, miembro fundador del grupo Inti Illimani.
Santiago, 27 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
