admin
Un análisis del presupuesto heredado para el Servicio Nacional de Migraciones revela una importante brecha financiera para la ejecución de salidas forzosas de ciudadanos extranjeros en situación irregular. Con los $4.000 millones asignados en la actual Ley de Presupuestos, la administración apenas contaría con recursos para concretar 1.333 expulsiones, cifra que representa solo el 2% del universo total de órdenes pendientes que alcanza a los 46 mil.
De acuerdo con los datos entregados por el director del servicio, Frank Sauerbaum, existen actualmente 47 mil órdenes de expulsión que aún no han sido ejecutadas. El cálculo del alcance presupuestario se basa en el costo individual de cada traslado aéreo, estimado en aproximadamente $3 millones por persona, lo que evidencia la limitación de los fondos fijados por la gestión anterior para abordar la magnitud del problema migratorio.
A tres semanas de haber asumido sus funciones, el nuevo Gobierno aún no ha detallado el plan estratégico que implementará para reducir este déficit. Si bien la vía aérea es el método de referencia para el cálculo de costos, las autoridades se encuentran evaluando diversas alternativas y plazos para aumentar la eficiencia del proceso de reconducción y salida del país de quienes mantienen procesos judiciales o administrativos pendientes.
El debate sobre la suficiencia de estos recursos se suma a las prioridades de la agenda de seguridad nacional, donde la regularización y el control fronterizo aparecen como ejes centrales. Se espera que en los próximos días el Ejecutivo explicite si solicitará reasignaciones presupuestarias o créditos suplementarios para ampliar la capacidad operativa de las expulsiones programadas para este año. (NP-Gemini-Emol)
