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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió este miércoles a las recientes desvinculaciones de tres directivas asociadas al Plan Nacional de Búsqueda, aclarando que se trata de ajustes en cargos de exclusiva confianza propios del cambio de administración. El secretario de Estado fue enfático en señalar que la política de búsqueda de detenidos desaparecidos seguirá adelante bajo los mismos criterios técnicos y en estrecha colaboración con las investigaciones que sustancian los ministros en visita.
En el ámbito de la reforma al Poder Judicial, Rabat presentó una propuesta para modificar el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema, con el objetivo de evitar vacantes prolongadas y negociaciones políticas indebidas. El mecanismo sugerido contempla que, tras la elaboración de una quina por la Suprema y la elección de un candidato por el Presidente, el Senado disponga de un plazo breve para ratificarlo. En caso de rechazo, el cargo se proveería mediante un sorteo aleatorio entre los integrantes restantes de la quina original.
Respecto a la facultad de indulto presidencial, el ministro confirmó que existen cerca de 20 solicitudes pendientes, de las cuales seis ingresaron tras el cambio de mando del 11 de marzo. Rabat aseguró que el proceso se ceñirá estrictamente al mérito de los antecedentes y a la normativa vigente, descartando cualquier revisión de los fundamentos de las sentencias judiciales, en línea con la prohibición constitucional que impide al Ejecutivo interferir en decisiones de tribunales.
Finalmente, en materia de infraestructura penitenciaria, el Ministerio de Justicia trabaja en un convenio con Obras Públicas para estandarizar y acelerar la construcción de nuevas cárceles bajo el sistema de concesiones. El plan busca entregar nuevos recintos durante el actual periodo presidencial, utilizando diseños y bases de licitación uniformes que permitan ejecutar las obras en paralelo y fortalecer la seguridad nacional mediante una mejor infraestructura de reinserción y custodia.
REFORMA A LA GOBERNANZA JUDICIAL
Además de los nombramientos, el Ejecutivo impulsará cambios constitucionales para crear órganos independientes que asuman la administración de recursos y el control disciplinario del Poder Judicial. Estas medidas buscan separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas, permitiendo que los jueces se concentren exclusivamente en dictar sentencia y garantizando un sistema de fiscalización autónomo tanto para magistrados como para abogados. (NP-Gemini-Emol)
