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El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, envió un oficio de ocho páginas al fiscal nacional, Ángel Valencia, solicitando formalmente la inhabilitación del fiscal regional Roberto Garrido y el traslado de las investigaciones del Caso Convenios a otra jurisdicción. La autoridad regional manifestó su profunda preocupación por el lento avance de las indagatorias y cuestionó la objetividad de Garrido, debido a su vínculo laboral como docente en la Universidad Autónoma, institución que actualmente es investigada por transferencias superiores a los 20 mil millones de pesos.
En el documento, Saffirio argumenta que la relación del fiscal y su cónyuge con la casa de estudios configura un conflicto de interés que entorpece la celeridad de las causas, mencionando que incluso en aristas emblemáticas como “Manicure” no se ha realizado la preparación del juicio oral. El gobernador recordó que los recursos cuestionados, asignados durante la administración anterior de Luciano Rivas, representan cerca del 30% del presupuesto anual de la región para el año 2022, lo que reviste una gravedad institucional que requiere, a su juicio, un persecutor externo y objetivo.
Además de la arista universitaria, el oficio detalla presuntas irregularidades en traspasos a fundaciones como Vladimir Nazor y Alihuén por montos que superan los 4 mil millones de pesos, describiendo una compleja trama para defraudar al Fisco que involucraría a múltiples actores y empresas relacionadas. Saffirio también expresó inquietud por la lentitud en las investigaciones que afectan a las policías, señalando que los elevados montos destinados a renovación de equipos contrastan con la falta de resultados procesales, insistiendo en que solo un fiscal de una región distinta podrá garantizar la transparencia necesaria.
FISCAL GARRIDO: “PARTEN DE LA IGNORANCIA”
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, respondió con dureza a los cuestionamientos del gobernador René Saffirio, quien solicitó su inhabilitación del Caso Convenios por su vínculo docente con la Universidad Autónoma. Garrido calificó las acusaciones de la autoridad regional como fruto de la “ignorancia” respecto a los procedimientos penales y descartó cualquier conflicto de interés, argumentando que su actividad académica es de larga data y se desarrolla en múltiples casas de estudio, tanto dentro como fuera de la región.
El persecutor enfatizó que el Ministerio Público opera bajo criterios estrictamente técnicos y no como un “órgano de persecución de enemigos políticos”. En relación con la Universidad Autónoma, institución que recibió transferencias por 21 mil millones de pesos, Garrido aclaró que la entidad no está imputada como tal, aunque confirmó que las indagatorias vinculadas a proyectos específicos han sido priorizadas y ya cuentan con personas formalizadas, refutando así la tesis de una supuesta paralización de las causas.
Para respaldar la gestión de la Fiscalía, Garrido entregó cifras que sitúan a la región a la vanguardia de las investigaciones por traspasos de fondos públicos a nivel nacional. Actualmente, existen más de 40 indagatorias vigentes y 25 personas formalizadas en distintas aristas, incluyendo casos relacionados con la Universidad de La Frontera, la Universidad Mayor y la Agencia de Desarrollo Productivo. Según el fiscal, estos resultados demuestran que las críticas por una presunta lentitud “chocan con la realidad” de los avances judiciales.
Finalmente, el jefe regional del Ministerio Público explicó que la labor de la fiscalía consiste en distinguir delitos reales de meros incumplimientos administrativos, proceso que requiere tiempo y rigurosidad en la recolección de pruebas. Garrido sentenció que las solicitudes de audiencia se realizan ante los tribunales solo cuando existen antecedentes sólidos y no mediante anuncios de prensa, calificando las tensiones con el gobernador como situaciones “normales” dentro del ejercicio de la persecución penal. (NP-Gemini-Bio Bio)
