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El Ministerio de Hacienda, bajo la conducción de Jorge Quiroz, ha iniciado la ejecución de un plan de ahorro que busca recortar el 3% del presupuesto en ministerios y servicios públicos, con el objetivo de alcanzar una meta inicial de US$3.000 millones. Sin embargo, un análisis técnico emanado desde la anterior Dirección de Presupuestos (Dipres) advierte sobre la alta complejidad de esta tarea, revelando que el 92% del gasto fiscal para 2025 posee un carácter “rígido” debido a compromisos legales, servicios de salud, educación y seguridad pública.
De acuerdo con el informe de la administración saliente, la estructura presupuestaria de Chile presenta una fragmentación significativa, donde solo 60 programas concentran el 88% del gasto total, mientras que otros 646 programas ejecutan apenas el 12% restante. Entre las partidas con mayor peso financiero se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), que representa el 6,7% del presupuesto total ($5,4 billones), seguida por la Subvención Escolar Regular y las Pensiones del Sistema de Reparto, elementos que limitan el margen de maniobra para recortes sustantivos sin mediar cambios legislativos.
El documento surge como respuesta a las críticas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto al incumplimiento de las metas de balance estructural en el periodo anterior. La Dipres enfatizó que un ajuste de la magnitud sugerida por el Consejo (cercano a los US$6.900 millones) resultaría impracticable en un solo año sin afectar la continuidad de servicios básicos. Ante este escenario, el actual gobierno de José Antonio Kast deberá navegar entre la necesidad de austeridad fiscal y la inflexibilidad de los beneficios sociales y prestaciones legales que sostienen la red de protección del Estado. (NP-Gemini-Pulso)
