Oposición condiciona agenda legislativa de enero a retiro de «ley de amarre»

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La recta final de la administración de Gabriel Boric enfrenta una parálisis inminente en el Congreso. Diversas bancadas de oposición, desde Renovación Nacional hasta el Partido Republicano, han advertido que la insistencia del Ejecutivo en la norma que limita el despido de funcionarios a contrata «rompe la confianza» necesaria para sesionar en enero. Este escenario pone en riesgo proyectos emblemáticos que el Gobierno esperaba despachar antes del receso legislativo de febrero y del cambio de mando en marzo.

PROYECTOS EN RIESGO DE BLOQUEO

El jefe de la bancada RN, Frank Sauerbaum, fue enfático en señalar que el Gobierno debe evaluar las consecuencias de su «criterio objetivo» si desea avanzar en desafíos legislativos pendientes. Entre las iniciativas que podrían quedar estancadas se encuentran:

Proyecto FES: El nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior.

Sala Cuna Universal: Una de las demandas sociales más esperadas.

Ley de Gendarmería: Modificaciones estructurales a la institución penitenciaria.

Agenda de Seguridad: Otros proyectos menores que requieren consenso transversal.

CRÍTICAS A LA TRANSICIÓN REPUBLICANA

La subjefa de la bancada UDI, Marlene Pérez, acusó al Presidente Boric de «manchar» el proceso de transición hacia la administración de José Antonio Kast. Según la parlamentaria, el intento de «amarrar» a funcionarios se suma a la eliminación de la denominada «glosa republicana» en el presupuesto, lo que a su juicio ensucia un cambio de gobierno que históricamente ha sido responsable y transparente en Chile.

VOCES DEL CONGRESO

Catalina del Real (Republicanos): Sostuvo que el Ejecutivo corre el riesgo de terminar su mandato en medio de conflictos innecesarios por intentar «entorpecer al futuro gobierno».

Marcia Raphael (RN): Afirmó que el Ejecutivo parece más preocupado de «pavimentar su camino como oposición» a partir de marzo que de lograr beneficios para el país en su recta final.

Roberto Arroyo (PSC): Calificó la medida como «autoritaria» y acusó una falta de capacidad para conducir la agenda parlamentaria mediante puentes de diálogo.

El mes de enero de 2026 se perfila como un periodo de alta tensión política, donde la capacidad de negociación del ministro Álvaro Elizalde será puesta a prueba para evitar que el legado legislativo del Frente Amplio termine bloqueado por la controversia de los nombramientos estatales. (NP-Gemini-Emol)



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