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El Gobierno de José Antonio Kast retiró de la Contraloría General de la República el Decreto N°10, el cual buscaba modificar el reglamento de la Ley Karin sobre acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. La normativa, elaborada originalmente por la administración de Gabriel Boric, pretendía ajustar los procedimientos institucionales tras un primer año de implementación marcado por un alto volumen de denuncias que tensionó el sistema.
Desde la Subsecretaría del Trabajo, el titular Gustavo Rosende aseguró que el retiro no debilita las obligaciones vigentes de la ley, sino que responde a una revisión de “mérito y pertinencia” propia del cambio de mando. Sin embargo, la medida generó suspicacias en la oposición; el diputado Héctor Ulloa (PPD) advirtió que no permitirán cambios que desprotejan a las víctimas y solicitó que las autoridades laborales expliquen los alcances de esta decisión ante la Comisión de Trabajo de la Cámara.
En el oficialismo, la postura fue de respaldo a la gestión del Ejecutivo. Parlamentarios de la UDI y el PNL, como Constanza Hube y Erich Grohs, calificaron el retiro como un acto de “responsabilidad” para garantizar la certeza jurídica y corregir eventuales vacíos técnicos. Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN), coautora de la ley, llamó a evitar el “escándalo” político, señalando que es natural que una nueva administración adecue los reglamentos para mejorar su efectividad operativa, siempre que se resguarde el espíritu original de la normativa. (NP-Gemini-La Tercera)
