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Marco Enríquez–Ominami señaló hoy que “después de once años, dos juicios y un sinfín de portadas, la justicia chilena habló con claridad: fui declarado inocente. Pero esta historia no es solo mía. Es la historia de un país donde un ciudadano puede ser condenado en los medios antes de ser juzgado en los tribunales. Once años en los que se gastaron recursos públicos en un proceso sin pruebas, sostenido por la sospecha y amplificado por titulares”.
Y agregó: “Esta inocencia no es un punto final. Es el comienzo de algo más grande: una exigencia democrática”.
A ese respecto, su comando hizo público la siguiente “Petición Ciudadana: Nunca más un caso MEO”.
Por una reforma urgente de la justicia y de la responsabilidad mediática en Chile
Nosotros, ciudadanas y ciudadanos de Chile, lanzamos esta petición en respuesta a un escándalo de Estado sin precedentes: el tratamiento judicial y mediático del caso Marco Enríquez–Ominami, que durante once años, dos juicios y varios procedimientos, transformó un expediente vacío de pruebas en un instrumento de persecución política. Este caso no es un error aislado: constituye la demostración histórica de una deriva estructural del sistema judicial y de su ecosistema mediático.
Esta desproporción entre los medios empleados y la ausencia total de condena revela un uso político de la sospecha y una instrumentalización de las instituciones de justicia. Este escándalo de Estado fue acompañado de una orquestación mediática sistemática: acusaciones no probadas fueron presentadas como hechos establecidos, filtraciones selectivas fueron difundidas sin control y se pisoteó la presunción de inocencia. Esta dinámica moldeó de manera duradera la opinión pública y destruyó la reputación de un ciudadano inocente.
Lo que denunciamos
–La instrumentalización política de la justicia: la fusión arbitraria de un financiamiento electoral declarado con un caso de corrupción de Estado, sin vínculo material directo.
–La multiplicación abusiva de los procesos: dos juicios abiertos sucesivamente sobre un mismo vacío probatorio, para mantener viva la sospecha.
–La violación sistemática del derecho a un plazo razonable: once años de procedimiento, cuando el 98 % de los casos en Chile se resuelven en menos de tres años.
–El uso desviado de las medidas cautelares: restricciones de libertad durante seis años sin condena.
–La ausencia de pruebas materiales a pesar de años de investigación y gastos públicos masivos.
–El silencio jerárquico de los órganos de control ante las irregularidades.
–La orquestación mediática de la sospecha: filtraciones selectivas, parcialidad editorial, repetición de acusaciones infundadas, silenciamiento de la defensa.
–La construcción de un culpable público sin condena judicial, un linchamiento institucional y mediático.
Nuestras exigencias de reforma:
- Limitar por ley la duración máxima de las investigaciones a tres años, salvo circunstancias excepcionales debidamente fundamentadas.
- Prohibir la reapertura o la multiplicación artificial de procedimientos sobre hechos ya juzgados o no probados.
- Regular estrictamente la duración de las medidas cautelares (máximo 12 meses).
- Crear una instancia independiente de control del Ministerio Público encargada de auditar la duración, el costo y la coherencia de los casos sensibles.
- Garantizar la transparencia presupuestaria y la responsabilidad jerárquica en caso de gastos públicos desproporcionados.
- Regular estrictamente el rol de los medios en los procesos judiciales y garantizar la protección de las personas involucradas:
–Obligación de distinguir claramente entre sospecha y prueba,
–Derecho a réplica inmediato y proporcional a la exposición mediática inicial,
–Responsabilidad civil y penal en caso de daños graves a la reputación,
–Derecho a reparación integral para las víctimas de procesos abusivos o campañas mediáticas infundadas.
–Incorporar en la ley una garantía de no repetición, para que « un caso MEO » no vuelva a ocurrir en la historia de Chile.
Nuestro compromiso democrático
Esta petición no es una defensa personal: es un acto ciudadano.
El caso MEO es el símbolo de una fractura entre justicia y democracia. Muestra que cuando un Estado instrumentaliza la sospecha y la prensa amplifica el ruido, cualquier ciudadano puede ser destruido sin juicio.
Exigimos al Congreso Nacional, al Gobierno de Chile, a la Contraloría, al Consejo para la Transparencia y al Colegio de Periodistas una reforma integral, judicial y mediática, para proteger la democracia chilena.
Al firmar esta petición, afirmamos:
–Que no hay democracia sin justicia imparcial,
–que no hay justicia sin responsabilidad mediática,
–y que nunca más un caso MEO debe poder existir en Chile.
Santiago, 22 de octubre de 2025.
Crónica Digital.
