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Las organizaciones del Sector Público afiliadas a la CUT, solicitan al Gobierno que le den prioridad legislativa al proyecto de ley de reajuste de las y los trabajadores del Estado, que debería ingresar más tardar este martes 6 de enero al Congreso, según lo que expresó Laura San Martín coordinadora de la Mesa del Sector Público de la CUT, al manifestar que es la primera vez que un proyecto ha ingresado tan tarde a discusión, “lo que implica que muchos de las y los trabajadores del Estado vean afectado sus ingresos en el mes de Enero”.
Fue en este marco, que el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, llamó al Gobierno entrante a considerar que el “Estado sea un buen empleador”, destacando que el debate que propone este proyecto de ley va en esa línea, “este proyecto de ley tiene tres ejes esenciales, Trabajo Decente, Estabilidad Laboral y Libertad Sindical, lo que implica, condiciones y remuneraciones justas, junto al derecho a ser representados por sus pares”.
“Buscamos proteger a los trabajadores y trabajadoras del sector público, buscamos tener un trabajo decente”, explica Laura San Martín, al aclarar enfáticamente que “estamos solicitando que esto se legisle a la brevedad posible”.
Respecto a la Confianza Legítima, la CUT ha sido clara en expresar que este proyecto no protege cargos de exclusiva confianza política. Protege a las y los trabajadores a contrata y honorarios que sostienen día a día el funcionamiento de hospitales, consultorios, escuelas y servicios públicos, garantizando el derecho a saber las razones de una desvinculación, especialmente cuando existe buen desempeño y evaluaciones positivas, como lo explica la vicepresidenta de la CUT y coordinadora de las secretarías del sector público Gabriela Farías.
“En este momento casi el 70 % de los trabajadores públicos están en la contrata. Eso significa que todas esas personas están en una vulnerabilidad respecto a la posibilidad de seguir trabajando” agrega la vicepresidenta de la CUT, destacando que esta figura de la confianza legítima siempre ha existido “significa que uno tiene la legítima expectativa de que su trabajo se mantenga”, y estaba a cargo de la Contraloría la resolución de los casos. Actualmente se resuelven en tribunales y con un periodo de cinco años, “para nosotros es relevante que se restituya la confianza legítima en manos de la Contraloría y además que estos dos años permitan ya que después uno pueda tener la tranquilidad de que va a seguir trabajando”
Santiago de Chile, 5 de enero 2026
Crónica Digital
