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Por Álvaro Ramis
¿Qué piensa José Antonio Kast sobre la gratuidad universitaria? No hace falta que lo diga. En política, el silencio no es ausencia de opinión: es cálculo. Y en este caso, es un cálculo quirúrgico que permite evitar el costo político de declarar lo que otros,
cuidadosamente coordinados, ya se encargan de instalar por él.
La gratuidad universitaria no cayó del cielo ni fue un gesto magnánimo del Estado benefactor. Fue arrancada, literalmente arrancada, tras años de protestas que pusieron en evidencia el desastre del modelo impuesto en 1981: universidades quebradas, lucro disfrazado de filantropía, jóvenes endeudados por décadas y una desigualdad tan obscena que hasta la OCDE tuvo que levantar la ceja. A esa crisis se respondió con una política pública capaz de corregir distorsiones y devolver al conocimiento su condición básica: ser un derecho.
Pero hoy, bajo el manto de la “racionalidad económica” y el “gasto responsable”, asoma nuevamente la sombra del viejo dogma. Kast no necesita anunciar el fin de la gratuidad: ya lo están haciendo sus mensajeros.
La señal más descarnada vino del director de estudios de Acción Educar, Manuel Villaseca, quien el 20 de noviembre escribió en El Líbero una columna con un título que evitaba eufemismos: “Reemplazar la gratuidad”. No reformarla, no evaluarla, no mejorarla: reemplazarla. Una palabra que en el lenguaje de los think tanks de derecha radical significa lo que todos sabemos: desmantelarla pieza por pieza.
Estos intelectuales militantes repiten un libreto que ya hemos escuchado: que la gratuidad es “regresiva”, “ineficiente”, “costosa”. Un repertorio de adjetivos cuidadosamente calibrados para construir clima, moldear opinión y, finalmente, habilitar la política. Es el mismo método con que defendieron el CAE, el lucro y la autofinanciación familiar: recubrir un proyecto ideológico de tecnicismo para que parezca razonable.
Pero la evidencia es obstinada. La gratuidad amplió el acceso de estudiantes vulnerables, redujo dramáticamente el endeudamiento, estabilizó a instituciones que antes vivían del sálvese quien pueda y fortaleció la transparencia del sistema. Hoy más de 600 mil jóvenes estudian sin hipotecar su futuro. Suprimir ese derecho no solo sería un retroceso social: sería un terremoto institucional.
Y aquí aparece Kast. Su discurso es conocido: recortes, focalización, “optimización del gasto”. Cada una de esas palabras es una alerta roja para cualquier política universal. Bajo esa lógica, la gratuidad jamás podría sostenerse. No lo dirá él, porque el costo electoral sería alto. Pero sí lo dicen quienes elaboran el armazón conceptual de su proyecto.
El riesgo no es que Kast firme un decreto anunciando el fin de la gratuidad. El riesgo es la muerte silenciosa, la asfixia presupuestaria, la reforma técnica presentada como modernización inevitable. Así se hacen estos cambios: sin anuncios, pero con intenciones perfectamente claras para quien se tome el tiempo de escuchar.
Por eso estudiantes, docentes y universidades deben estar atentos. La gratuidad se conquistó en las calles, pero se puede perder en una oficina, detrás de un PowerPoint, bajo la lógica fría del ahorro mal entendido.
Escuchar a Kast no basta. Hay que escuchar a quienes hablan por él. Y ellos ya lo dijeron sin titubear: quieren reemplazar la gratuidad. El eufemismo se cae solo.
Para quienes creen en el derecho a estudiar sin endeudarse, esta no es una discusión técnica. Es una advertencia. Una muy clara.
Álvaro Ramis es rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.
Santiago de Chile, 26 de noviembre 2025
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