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Álvaro Ramis
En la política democrática, negociar no es un gesto de debilidad: es un signo básico de comprensión de la pluralidad social y de respeto por las reglas del juego institucional. Sin embargo, José Antonio Kast y el Partido Republicano han convertido la negación sistemática de la negociación en un rasgo identitario. No es una excepción ocasional ni una táctica puntual: es una forma de estar en política. Y sus consecuencias están a la vista.
Este rechazo al diálogo se expresa con nitidez en el Parlamento, donde la bancada republicana ha hecho de la intransigencia una bandera. Su comportamiento legislativo se orienta más a la reafirmación de un ideario cerrado que a la construcción de acuerdos viables. Pero el patrón se repite también en otros espacios donde tienen representación institucional: municipios, gobiernos locales y organismos colegiados donde, nuevamente, optan por la imposición antes que por el entendimiento con otros actores.
Lo llamativo es que esta actitud no se limita a sus adversarios ideológicos. Kast ha mantenido tensiones persistentes con los partidos que integran Chile Vamos, a quienes suele acusar de claudicar en principios para obtener gobernabilidad. Incluso dentro del propio campo de la derecha dura, sus roces con el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser muestran que la incapacidad de negociación trasciende las fronteras externas. No se trata solo de polarizar contra el otro: también se expresa hacia adentro, fracturando un sector que ya por sí mismo se encuentra dividido.
Esta imposibilidad —o este desinterés— por dialogar refleja una pulsión de imposición que constituye un riesgo real en un país que busca caminos para superar su polarización. Cuando un liderazgo se niega a reconocer la legitimidad de miradas distintas, queda poco espacio para la articulación de acuerdos amplios, y aún menos para proyectos de largo plazo.
En la eventualidad de que José Antonio Kast llegue a la Presidencia, este estilo político anticipa un escenario de alta conflictividad. No porque el país esté condenado a ello, sino porque un gobierno que rehúye la negociación queda sin herramientas para canalizar las tensiones sociales y políticas que enfrentará inevitablemente. La gobernabilidad no puede sostenerse solo en voluntarismo, ni en la convicción de que basta con tener razón para que las cosas ocurran.
De instalarse en La Moneda esta lógica intransigente, los costos para el país pueden ser considerables:
• Pérdida de la agenda legislativa, que requerirá acuerdos transversales que difícilmente se construirán desde la negación del otro.
• Pérdida de capacidad para implementar políticas públicas duraderas, que necesitan legitimidad social y política, no solo decreto.
• Pérdida de sentido de pertenencia social, porque los actores excluidos o descalificados tienden a retirarse del espacio común, profundizando las fracturas existentes.
Un proyecto político que se niega a negociar no puede conducir un país diverso sin llevarlo, tarde o temprano, a bloqueos y frustraciones. La democracia no se sostiene en la unanimidad, sino en el reconocimiento de que nadie tiene el monopolio de la verdad y que el diálogo es la condición básica para avanzar. Cuando esa premisa se desecha, lo que queda no es firmeza: es parálisis.
Ese es el verdadero riesgo de “el hombre que nunca negocia”. Su proyecto no solo amenaza con intensificar la polarización, sino con hacer perder un tiempo que Chile ya no tiene.
Álvaro Ramis es rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 29 de noviembre 2025
Crónica Digital
