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Por Álvaro Ramis
En política, las palabras pueden maquillarse, pero los hechos no. Cuando un candidato propone liberar a personas condenadas por crímenes atroces —secuestros, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas— no está hablando de “reconciliación”, ni de “cerrar heridas”, ni de “persecuciones políticas”. Está hablando de impunidad. Y quienes lo respaldan, con pleno conocimiento de causa, se hacen también responsables de ese proyecto.
Las recientes declaraciones y el programa del candidato José Antonio Kast no dejan espacio para las dudas. Su promesa de beneficios, indultos o rebajas de condena para los internos de Punta Peuco implica borrar décadas de trabajo institucional por la verdad, la justicia y la reparación. No se trata de “excesos”, no se trata de “errores”, ni de una “guerra”. “Son criminales”. Y lo son porque así lo establecieron tribunales de la República, en juicios con garantías, pruebas y debido proceso.
Promover su impunidad es dar un portazo a ese consenso civilizatorio básico que Chile construyó a lo largo de 30 años: que los crímenes de lesa humanidad no tienen justificación ni relativización posible.
Pero la responsabilidad no recae solo en el candidato que ofrece esa agenda. Recae también, y de manera ineludible, en quienes votan por ella con plena conciencia, sabiendo exactamente qué están avalando.
De especial gravedad es la conducta de quienes, habiendo participado del ciclo político que impulsó la transición democrática —desde la Concertación hasta la Nueva Mayoría— hoy se alinean sin pudor con un proyecto que busca desmantelar los avances éticos y jurídicos que ellos mismos defendieron durante décadas. Nadie puede desconocer su propia historia sin asumir las consecuencias morales de esa contradicción.
En este punto, es imposible no mencionar al grupo encabezado por Ximena Rincón y Carlos Maldonado. Ambos ocupantes de altas responsabilidades públicas en los gobiernos que construyeron la arquitectura de justicia transicional en Chile. Ambos protagonistas de un período en que se afirmaba, con fuerza, que la democracia no podía construirse sobre el olvido ni la negación.
Hoy, al elegir sumarse al proyecto político de Kast, no solo están cambiando de domicilio partidario: están validando una plataforma que propone beneficios para criminales condenados por tortura, desaparición y asesinato de civiles indefensos. Esa es una forma de complicidad programática que no puede disfrazarse de “centro racional” ni de “alternativa moderada”. No lo es. La impunidad nunca lo ha sido.
La historia juzga no solo a quienes cometen actos inaceptables, sino también a quienes, pudiendo detenerlos, los facilitan. Y es aquí donde la responsabilidad individual de cada votante, cada dirigente y cada partido se vuelve ineludible. La decisión de apoyar un proyecto que promueve el perdón sin verdad, la absolución sin arrepentimiento y la indulgencia sin justicia, tendrá consecuencias profundas para la sociedad chilena.
Porque cuando se vota por la impunidad, se vota contra la democracia. Y esa es una responsabilidad que no podrá eludirse mañana.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 11 de diciembre 2025
Crónica Digital
