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El diputado Gaspar Rivas presentó silenciosamente el 21 de noviembre, anticipándose a la victoria de José Antonio Kast, un proyecto de ley que plantea una reforma constitucional, con procedimientos para que el Presidente de la República pueda disponer de facultades, como la disolución del Congreso Nacional.
En la pasada elección parlamentaria, Rivas fue candidato a diputado por el Distrito N° 11 de la Región de Valparaíso, como independiente en cupo de la Democracia Cristiana en la lista mayoritaria del oficialismo llamada “Unidad por Chile”. No resultó electo, a pesar de haber ejercido como vicepresidente de la Cámara Baja.
En su polémica trayectoria ha sido parte de Renovación Nacional, luego del neofascista “Movimiento Social Patriota” y después del Partido de la Gente. También contribuyó a la formación de Poder Ciudadano, colectividad de la que derivó Comunes, hoy en el Frente Amplio.
El proyecto introduce el concepto de “Estado de Justicia”, que otorga al Presidente una discrecionalidad que le permitiría dictar decretos sin ley previa que le otorgue facultades para ello o si actúa contra un texto jurídico expreso. Se faculta al Primer Mandatario para corregir “errores jurídicos” mediante decreto exento, bajo el criterio de que la justicia es un valor superior a la norma jurídica.
También, el Presidente adquiere la facultad de disolver el Poder Legislativo. Una vez al año, puede declarar un proyecto de ley sobre seguridad, previsión social, recursos naturales o empresas públicas como “esencial para el interés superior de la Nación”. Si el Congreso rechaza dicho mensaje o introduce modificaciones que afecten su esencia, el Presidente queda facultado para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones en un plazo de 180 días.
Durante el periodo en que el Congreso esté disuelto, el Presidente asume por completo la función legislativa mediante la dictación de Decretos con Fuerza de Ley. A estas normas no se les aplicarían las restricciones hoy establecidas: es decir, el Presidente podría legislar nada menos que sobre garantías constitucionales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones, justicia y leyes de quórum calificado.
Se establece, asimismo, que todos estos actos no estarían sujetos al control preventivo de la Contraloría General de la República.
Santiago, 18 de diciembre de 2025.
Crónica Digital.
