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Tajante ha sido la negativa de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería a la reforma constitucional propuesta por el Presidente Gabriel, que busca cambiar la dependencia del ministerio y crea un servicio aparte para la reinserción. De concretarse, Gendarmería, que actualmente depende del Ministerio de Justicia, pasaría a ser un servicio administrado por la cartera de seguridad pública.
Al respecto, alertaron que ello busca “proscribir a las asociaciones de funcionarios” de la institución penitenciaria.
Para la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería (ADIPTGEN), gremio que agrupa al estamento no uniformado, la medida no resuelve el problema de fondo que enfrenta la institución. “El problema no radica en la dependencia ministerial, sino en las insuficientes herramientas de fiscalización, control y sanción existentes en la actualidad”, afirman en un documento firmado por su directiva nacional.
En la minuta, el gremio sostiene que “lo que verdaderamente requiere la institución es la implementación de auditorías externas periódicas, un mayor control judicial efectivo, y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia independiente sobre la actuación de sus funcionarios y ejerciendo eficazmente las potestades entregada por la normativa en torno a la dirección, administración y gestión en los centros carcelarios del país”.
Agregan a ello una serie de antecedentes, afirmando que en la gran mayoría de los países, la administración penitenciaria “depende mayoritariamente de los Ministerios de Justicia, precisamente para asegurar un enfoque jurídico con garantías fundamentales y de control institucional, y no uno de carácter policial o militarizado”.
Lo que ha generado más alerta, y también ha sido denunciado por los gremios uniformados, es que la implementación de este proyecto elimina inmediatamente los gremios y las organizaciones de trabajadores/as de Gendarmería.
Santiago, 19 de diciembre de 2025.
Crónica Digital.
