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Francisco Bravo Atias
Chile encabezó este año dos rankings en Latinoamérica: el de los índices de seguridad y el de la percepción de inseguridad. Suena contradictorio y lo es: Chile fue, en 2025, uno de los países más seguros de América Latina, y al mismo tiempo, el país de la región en el que la población se sintió más insegura.
La sensación en el ambiente se vio enturbiada por el hecho haber sido un año electoral, en un escenario donde candidatos, partidos, parlamentarios y líderes políticos se desplegaron durante meses para criticar al Gobierno en materia de seguridad y buscar réditos electorales bajo la consigna de que «el país se cae a pedazos» y que hay que cambiarlo todo.
Según una encuesta de la empresa Gallup publicada este año, uno de cada tres chilenos dijo sentirse inseguro de caminar por su zona de noche, superando a países como Brasil, Colombia, México, donde la tasa de homicidios es tres o hasta cuatro veces más alta.
La socióloga chileno-peruana Lucía Dammert es una de las voces más autorizadas en materia de seguridad en Chile y en América Latina. Con años de investigación académica y una decena de libros sobre el tema, la exsubsecretaria del Interior abordó el tema en conversación con la Agencia Sputnik, donde explicó que la dicotomía en cuestión responde a distintos factores.
«En los últimos cinco años tuvimos muchas elecciones: presidenciales, parlamentarias, de proyectos constitucionales, de gobiernos locales, y eso generó un momento perfecto para convertir la seguridad en un tema central de discusión, poniendo la crisis de seguridad como énfasis», dijo.
La académica afirmó que esta agenda impuesta en el país incluso orilló al Gobierno de izquierda del presidente, Gabriel Boric, a enfocarse principalmente en el combate al crimen organizado durante su mandato.
«Desde que terminó la pandemia del covid-19, es casi imposible encontrar a un actor político, salvo casos puntuales, que aparezca en televisión destacando cosas positivas de la nación, porque están haciendo comunicación con respecto a una crisis que impacta directamente al ciudadano de a pie», agregó.
Dammert señaló que, si bien Chile no lidera ningún ranking en materia de delincuencia en la región, desde la pandemia los delitos sí son más violentos que antes.
«Anteriormente, los chilenos leían de crímenes como secuestros, sicariato y extorsiones en las páginas internacionales del diario, y ahora estas se trasladaron a la sección nacional. La gente tiene válidamente la sensación de que, si es asaltado o es víctima de un delito, este podrá ser muy violento», dijo la especialista.
«Otro factor es Santiago. En la capital está todo el foco de los medios y acá vive la mayor cantidad de personas en el país, e históricamente los delitos en esta ciudad se registraban en la periferia, en zonas alejadas del centro. Hoy, los crímenes se producen en zonas que la gente conoce, en lugares típicos por donde las personas pasan todos los días, incluso a cinco cuadras de La Moneda (sede de Gobierno) y esa sensación de cercanía genera descontrol», añadió.
La experta detalló también que hay un factor que no se mide en la criminalidad, pero que sí hay registros de aumento en el país, que son las incivilidades.
«La gente hoy es testigo del consumo de alcohol y drogas en las calles, algo que antes no era tan común; escucha disparos afuera de su casa, incluso música fuerte a altas horas de la madrugada y esas costumbres generan temor, y las personas lo asocian directamente a delitos más graves, aunque no estén relacionados», afirmó Dammert.
Tras las protestas ciudadanas del estallido social de 2019 y la pandemia, una serie de organizaciones criminales de origen internacional comenzaron a asentarse en Chile, como el Tren de Aragua y Los Pulpos. Eso generó que dos problemáticas históricamente medidas por separado, como son la seguridad y la migración, comenzaran a vincularse por asociación, y actualmente, ambas temáticas dominan la agenda pública y marcaron la elección presidencial del 14 de diciembre, que le otorgó la victoria al representante de la ultraderecha, José Antonio Kast.
Durante su campaña presidencial, Kast criticó al Gobierno por su desempeño en seguridad y afirmó que «cuando hay un millón doscientas mil personas que mueren asesinadas al año, no hay mérito que destacar».
La cifra, sin embargo, no es ni cercana a la realidad.
El año pasado murieron 1.207 personas asesinadas y en lo que va de la administración de Boric la cifra no supera los 4.300. Tras el impasse, Kast reconoció el error, pero no son pocos los que señalaron que ese tipo de noticias falsas (fake news) dejaron instalada una idea en el imaginario colectivo del país.
MÁS CÁRCELES Y VALLAS ANTIMIGRACIÓN
El programa de Gobierno del presidente electo contempla una batería de medidas para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, como el aumento de penas a delitos violentos y el fin de los beneficios carcelarios para los miembros de bandas criminales, la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad para líderes narcotraficantes y prohibir las ceremonias fúnebres de los traficantes, denominadas popularmente «narcofunerales».
Kast, que asume el 11 de marzo de 2026, propone ampliar el alcance de la legítima defensa para «terminar con la criminalización de víctimas que se defienden ante ataques inminentes», otorgar escolta policial a autoridades vinculadas a perseguir el crimen organizado, como fiscales, jueces y testigos, y crear una unidad policial especial que se dedique a recuperar áreas dominadas por la delincuencia.
En materia de migración, el mandatario electo aseguró que tipificará como delito el ingreso irregular por pasos no habilitados, lo que actualmente constituye una infracción administrativa. Además, planea construir una valla de seguridad de cinco metros de altura en la frontera norte con Bolivia, equipada con sensores de movimiento y vigilancia con drones para monitorear los pasos clandestinos, cavar una zanja de tres metros de profundidad en sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el paso de vehículos, y levantar torres de vigilancia y radares térmicos automáticos.
Kast prometió que militarizará permanentemente la frontera norte y les otorgará a los soldados facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a los extranjeros que crucen ilegalmente. Su plan incluye el despliegue de 3.000 efectivos militares en turnos rotativos, con bases de operaciones, para despliegues de monitoreo, interceptación, detención y reconducción.
Además, prometió deportar a los más de 300.000 migrantes irregulares que residen en Chile, aunque no ha dado detalles de cómo llevará adelante la expulsión de estas personas del país.
Santiago de Chile, 25 de diciembre 2025
Crónica Digital/Sputnik
