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La breve distensión que existía entre el Ejecutivo y el sector del Presidente electo, José Antonio Kast, llegó a su fin. El detonante fue el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público para el reajuste de 2026, el cual incluye cláusulas que dificultan la desvinculación de funcionarios a contrata bajo la figura de «necesidad del servicio».
Desde el Partido Republicano, el timonel Arturo Squella lanzó una dura advertencia, señalando que si la administración de Gabriel Boric persiste en este «amarre», estaría «dinamitando» la relación entre el gobierno saliente y el entrante. Por su parte, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, y la titular de la Segpres, Macarena Lobos, tildaron las críticas de «discurso de campaña» y llamaron a mantener la institucionalidad.
EL DEBATE SOBRE EL TRASPASO DE MANDO
La controversia ha reabierto la discusión sobre la extensión del periodo de transición en Chile, que dura casi tres meses. El fenómeno se ha visto agudizado por la activa agenda internacional de Kast, lo que para figuras como Bárbara Figueroa (PC) genera un «paralelismo» que debilita la figura del actual Mandatario.
Analistas coinciden en que la tensión no radica necesariamente en el número de días del traspaso, sino en el cambio de signo político. Rodrigo Pérez de Arce (Faro-UDD) explica que, mientras el Presidente electo necesita este tiempo para conformar su gabinete de miles de funcionarios, el Gobierno derrotado aún mantiene poder para influir en leyes clave, lo que genera fricciones.
RIGIDEZ ADMINISTRATIVA VS. DISCRECIONALIDAD
Desde la academia, se plantea una doble lectura sobre la estabilidad del empleo público. Mientras algunos investigadores del IES critican los «amarres» como prácticas de poca actitud republicana que condicionan al nuevo gobierno, otros expertos, como Mario Herrera (U. de Talca), defienden la rigidez del estatuto administrativo.
Según Herrera, la normativa es estricta precisamente para evitar que los cambios de gobierno afecten la continuidad de los servicios estatales por criterios políticos. No obstante, reconoce que el escenario es complejo, dado que en marzo no solo cambia el Ejecutivo, sino que también se renueva casi la totalidad del Congreso, lo que intensifica la lucha por el control de la administración pública. (NP-Gemini-Emol)
