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La decisión del Ejecutivo de retirar la urgencia a la reforma del sistema político ha generado un nuevo foco de tensión con sus propios parlamentarios. Tras meses de tramitación, el Gobierno optó por suspender la discusión inmediata para dar paso a una mesa de trabajo técnica que sesionará durante febrero. Esta medida ha sido interpretada por diversos sectores como un «archivo de facto» de la iniciativa, provocando duras críticas desde el oficialismo, especialmente del senador socialista Alfonso de Urresti, quien calificó la determinación como una muestra de «profunda irresponsabilidad» y falta de voluntad política.
El proyecto tiene como objetivo central combatir la fragmentación del Congreso y el fenómeno del «transfuguismo» o discolaje, problemas que, según el diagnóstico de La Moneda, impiden dar soluciones eficientes a la ciudadanía. Sin embargo, la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, justificó la pausa argumentando razones de «realismo» legislativo. Según la secretaria de Estado, la complejidad de legislar con los propios incumbentes y la presentación de 54 indicaciones —algunas de las cuales desnaturalizarían el espíritu de la ley— obligaron a reevaluar los tiempos para buscar ajustes técnicos que generen mayor consenso.
PUNTOS DE CONFLICTO Y EL ROL DEL SERVEL
Uno de los ejes más controvertidos de la reforma es la propuesta de elevar el umbral para que los partidos políticos puedan constituirse y mantener su vigencia legal. Actualmente, el debate se centra en aumentar el requisito al 0,5% del padrón electoral y exigir presencia en al menos ocho regiones del país. Además, el Servicio Electoral (Servel) ha planteado observaciones técnicas sobre la base de cálculo y otros aspectos administrativos que el Gobierno pretende subsanar durante el receso estival para evitar que el proyecto pierda su efectividad original.
La mesa de trabajo convocada para febrero integrará a asesores parlamentarios y representantes de diversos partidos, bajo la coordinación del ministro Álvaro Elizalde. El compromiso del Ejecutivo es retomar la votación en la comisión de Gobierno y en la sala del Senado durante la primera semana de marzo. Pese a esta promesa, en el Congreso persiste la incertidumbre sobre si este aplazamiento permitirá finalmente destrabar una de las reformas estructurales más ambiciosas de la actual administración o si terminará diluyéndose ante la falta de acuerdos transversales. (NP-Gemini-Emol)
