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En el marco de la reciente aprobación de la Ley de Presupuesto 2026, el Gobierno de Gabriel Boric concretó el traslado de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes (Ucaia) desde el Ministerio de Desarrollo Social hacia el Ministerio del Interior. La medida, ejecutada en las últimas semanas de la administración actual, ha provocado duras críticas por parte de legisladores de la zona sur y exautoridades. El diputado republicano Stephan Schubert denunció una falta de transparencia en el proceso, asegurando que el cambio no fue debidamente socializado con los parlamentarios antes de la votación de las partidas presupuestarias.
La controversia no solo radica en la forma, sino también en el fondo de la política pública. Andrés Cortés, exjefe de la unidad durante el gobierno de Sebastián Piñera, advirtió que este movimiento administrativo representa un retroceso hacia la “dispersión” institucional, alejando el foco de la protección social para situarlo en una cartera cuya prioridad es la seguridad y el orden público. Según analistas de centros de estudios como Libertad y Desarrollo (LyD), este tipo de cambios estructurales al cierre de un mandato suelen ser leídos como “amarres” que condicionan la capacidad de gestión del gobierno entrante de José Antonio Kast.
Desde el oficialismo, la defensa del traslado se basa en la necesidad de centralizar la respuesta estatal frente al conflicto en la Macrozona Sur bajo el mando del Ministerio del Interior, que ya coordina delegaciones y fuerzas de seguridad. Sin embargo, para la oposición, esta decisión debilita el rol del Ministerio de Desarrollo Social en la ejecución de políticas de fomento y tierras. La tensión se mantiene elevada mientras el equipo de transición de Kast evalúa revertir esta medida una vez asuma el poder el próximo 11 de marzo, argumentando que la institucionalidad indígena requiere un enfoque técnico y no exclusivamente securitario. (NP-Gemini-Emol)
