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La decisión del Presidente Gabriel Boric de respaldar formalmente la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas ha generado una fuerte tensión con el equipo del mandatario electo, José Antonio Kast. Desde el sector de Republicanos han calificado este movimiento como “el mayor de los amarres” del gobierno saliente, acusando una falta de diálogo con las autoridades que deberán asumir la representación del país a partir del 11 de marzo. Mientras Kast ha evitado fijar una postura definitiva, el oficialismo defiende que la postulación cuenta con el respaldo estratégico de potencias regionales como Brasil y México.
La controversia ha reactivado las críticas por la disparidad de criterios en la política exterior del actual Ejecutivo. Sectores de la oposición y excancilleres recordaron el caso de Claudio Grossman, jurista de amplio prestigio que no recibió el apoyo de la administración de Boric en 2022 para postular a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En aquella oportunidad, la Cancillería argumentó falta de planificación y recursos, priorizando en su lugar una postulación al Consejo de Derechos Humanos, lo que fue lamentado transversalmente como una oportunidad perdida para la presencia jurídica de Chile en tribunales internacionales.
Análisis políticos sugieren que la nominación de Bachelet representa una jugada táctica del Gobierno para poner en una encrucijada a la administración entrante. Si José Antonio Kast decide retirar el apoyo a la expresidenta, se arriesga a iniciar su mandato con una relación crispada con la oposición y a parecer obstructivo ante un cargo de relevancia mundial. Por el contrario, si mantiene la postulación, deberá administrar una campaña internacional liderada por una de las figuras más emblemáticas de la centroizquierda chilena.
Desde el gabinete de Boric, el ministro Álvaro Elizalde descartó que existiera una motivación política detrás de la negativa a Grossman y subrayó que la candidatura de Bachelet es una oportunidad país que no debe verse empañada por “controversias”. Elizalde insistió en que el anuncio de la inscripción se realizó de forma pública con antelación, rechazando las acusaciones de improvisación o falta de transparencia. No obstante, la discusión sobre si la política exterior debe ser consultada con las fuerzas de oposición antes de comprometer el nombre de Chile en organismos internacionales permanece abierta. (NP-Gemini-Emol)
