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La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley este miércoles el proyecto de reajuste al sector público, tras completar su tercer trámite constitucional. La iniciativa legal establece un incremento salarial escalonado del 3,4% nominal para los funcionarios del Estado, el cual se aplicará con un alza retroactiva del 2% correspondiente a diciembre de 2025 y un 1,4% adicional que se hará efectivo en junio próximo.
Pese a la aprobación general de más de 130 artículos, el Ejecutivo sufrió un importante revés legislativo al ser rechazada la denominada «norma de amarre». Esta disposición buscaba otorgar mayor estabilidad laboral a las contrataciones del sector público frente al cambio de administración, pero fue descartada por los parlamentarios en medio de fuertes críticas de la Contraloría General de la República y de sectores de la oposición.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el despacho de la ley y destacó avances en otras materias incluidas en el texto, como la regulación del teletrabajo y la facultad de los gobiernos regionales para financiar proyectos de empresas públicas. No obstante, el secretario de Estado lamentó la caída de la norma de estabilidad laboral, vinculando el resultado a problemas comunicacionales y descartando que el rechazo afecte el financiamiento del reajuste.
Con este resultado, el Gobierno logra asegurar los beneficios económicos para cerca de 280 mil trabajadores antes del traspaso de mando, aunque sin las protecciones administrativas que pretendía implementar. La ley entrará en vigencia una vez promulgada, permitiendo que los pagos retroactivos y los nuevos beneficios sociales asociados se materialicen a partir del próximo mes. (NP-Gemini-Emol)
