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El pasado 30 de septiembre, la oficina del rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Rodrigo Vidal, fue vandalizada en medio de protestas estudiantiles motivadas por dos temas principales: la impugnación de la elección de Vidal como rector y el polémico proceso de compra del Instituto Profesional Arcos, cuyo origen y condiciones han generado cuestionamientos internos.
El conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando la rectoría de Arcos informó sobre la incorporación prevista a la Universidad de Las Américas (UDLA) debido a una crisis financiera. Sin embargo, 40 días después, se anunció una nueva propuesta para integrar las carreras y sedes de Arcos a una universidad pública, la Usach, en una operación con respaldo del Ministerio de Educación.
En diciembre de 2024, la Usach gestionó con la presencia del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ante el Consejo Académico la adquisición de Arcos, apoyada por el gobierno como parte de un plan para expandir la educación pública. Para ello, se solicitó una garantía estatal para un crédito que permita financiar la compra.
A inicios de 2025, el rector Vidal solicitó formalmente esta garantía al Ministerio de Hacienda, con la cual se podría negociar mejores condiciones crediticias. En abril, la Dipres autorizó un porcentaje importante de la garantía solicitada y en septiembre, en una sesión privada del Consejo Universitario, se aprobó la contratación del empréstito con votos mayoritarios.
El 16 de septiembre el Presidente Boric y el exministro Marcel firmaron el Decreto Supremo 352 que formalizó la garantía estatal para financiar infraestructura, dentro del plan de crecimiento institucional de la Usach, aunque el documento no menciona explícitamente la adquisición de Arcos.
Desde la subsecretaría de Educación Superior entienden la compra dentro del derecho a la educación y la necesidad de asegurar la continuidad académica de los estudiantes de Arcos, además del respeto a sus condiciones actuales. El plan de cierre de la sede Valparaíso, en análisis, contempla convenios para transferencias voluntarias a la UC de Valparaíso. La sede en la Región Metropolitana sigue operativa y sin plan de cierre presentado.
Finalmente, las autoridades universitarias subrayan que la decisión fue tomada en ejercicio de la autonomía universitaria y tras un proceso deliberativo colegiado, con el ministerio reconociendo el carácter social de asegurar la continuidad del proyecto en alguna institución pública. Negociaciones previas con otras casas de estudio no prosperaron, y el Mineduc afirmó que no intervino ni instruyó la decisión final. (NP-Perplexity-La Tercera)
