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La Contraloría General de la República emitió un lapidario informe que detectó irregularidades financieras y administrativas en la gestión de fondos públicos destinados a la emergencia por el megaincendio que azotó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024. El organismo fiscalizador identificó pagos sin respaldo y el uso injustificado de tratos directos por un monto superior a los $586 millones, centrando las sospechas sobre la Delegación Presidencial Regional que lideraba en ese entonces la actual diputada electa Sofía González.
El hallazgo del ente contralor ha reactivado las críticas transversales contra el Ejecutivo por el lento avance en la reconstrucción de las más de 4 mil viviendas destruidas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Desde el futuro gabinete de José Antonio Kast, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, calificó la gestión como un “desastre” y denunció que solo se ha completado el 10% de las obras, contradiciendo la cifra del 40% que defiende el actual gobierno.
La polémica ha escalado al terreno político, donde parlamentarios de oposición han apuntado directamente a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por su rol como “ministra enlace” durante la tragedia. Sectores de la UDI y el Partido Republicano acusaron una utilización política de la emergencia y una falta de rendición de cuentas efectiva ante las familias damnificadas que, tras dos años del siniestro, aún no cuentan con soluciones habitacionales definitivas.
Incluso desde el oficialismo han surgido cuestionamientos, como los de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien advirtió que la burocracia estatal está dañando la credibilidad institucional frente a la ciudadanía. Por su parte, el Ejecutivo ha intentado blindar su gestión asegurando que los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, subrayando que las irregularidades administrativas detectadas están siendo investigadas mediante sumarios internos.
La exdelegada Sofía González defendió su actuación a través de redes sociales, asegurando que todas las decisiones se tomaron bajo el marco legal y basándose en informes técnicos. Mientras tanto, el Gobierno ha hecho un llamado a la responsabilidad política, acusando a la oposición de utilizar una tragedia humana para obtener réditos electorales en medio de un escenario de reconstrucción que sigue siendo el principal flanco de críticas para la actual administración. (NP-Gemini-Emol)
