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La Universidad de Santiago de Chile (USACH) está envuelta en una controversia tras una sorpresiva gestión del Ministerio de Educación (Mineduc), a través del subsecretario Víctor Orellana, para que la universidad estatal adquiera el Instituto Profesional Arcos, una entidad privada en crisis financiera debido a la política de gratuidad. Un informe confidencial elaborado por académicos de la USACH, al que accedió Interferencia, advierte sobre graves riesgos jurídicos, administrativos y educativos en la operación.
INJERENCIA DEL GOBIERNO
La controversia estalló el 18 de diciembre de 2024, cuando el rector Rodrigo Vidal introdujo el tema ante el Consejo Académico, convocando al subsecretario Víctor Orellana como un «facilitador de ventas».
Presión Ministerial: Según el informe, el subsecretario Orellana actuó como mediador financiero, argumentando que el Estado sería el aval de un préstamo millonario para la compra y ofreciendo un «total respaldo político» del Presidente Gabriel Boric y el ministro Nicolás Cataldo, enfatizando que la operación debía concretarse en este gobierno.
Financiamiento y Precio: Inicialmente, el prorrector Cristian Muñoz propuso comprar Arcos por $10 mil millones. Sin embargo, en un Consejo Universitario posterior (10 de septiembre), el precio subió a $11.500 millones, y se solicitó un préstamo con garantía estatal de $32.100 millones, que además incluiría la construcción de nueve edificios.
Críticas a la Intervención: Los académicos señalan que la irrupción de Orellana en la instancia universitaria, presionando por una votación y actuando como intermediario en un negocio privado, podría constituir una desviación de poder que vulnera la autonomía universitaria y el principio de legalidad.
RIESGOS
El informe de la USACH subraya que la compra forzada del instituto privado representa una operación atípica y riesgosa dentro del ordenamiento jurídico chileno.
Inexistencia Legal de Absorción: La Ley N.º 21.091 no contempla que una universidad estatal absorba a un instituto profesional privado. El procedimiento legal ante el cierre de Arcos (debido a su inviabilidad financiera) debió ser un plan de cierre supervisado que asegurara la continuidad de estudios de sus alumnos en otras instituciones acreditadas.
Uso Indebido de Fondos Públicos: La compra se justificó con un crédito con garantía estatal, financiado mediante una modificación presupuestaria y un Decreto Supremo que no estaban destinados a adquirir entidades privadas. Esta desviación del gasto público podría ser objetada por la Contraloría General de la República.
Riesgo de Nulidad: Al actuar el Mineduc simultáneamente como parte interesada, regulador y garante, se podría configurar la nulidad de los actos administrativos por socavar la neutralidad de la Superintendencia de Educación Superior.
Incoherencia Académica: El informe advierte que la incorporación de programas técnicos de Arcos, sin exigir la PAES ni seguir los procedimientos de rediseño curricular y acreditación requeridos por la Ley 21.091, rompe la unidad de la misión de la USACH, comprometiendo su identidad institucional y poniendo en riesgo sus indicadores de acreditación.
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
Los académicos revelaron que existía una alternativa legal y menos costosa: el Programa de Continuidad Formativa, que permite al Mineduc activar un plan de cierre voluntario y reubicar a los estudiantes en universidades estatales (como la USACH) con apoyo de nivelación financiado por el Estado.
Justificación Política: El informe sugiere que la universidad y el subsecretario privilegiaron una «operación simbólica y política» para «rescatar» una institución asociada a la izquierda cultural, en lugar de una solución pedagógica estructurada.
Oposición Interna: Un docente de Ingeniería, Pedro Palominos, coincidió con las advertencias, planteando que la garantía estatal protege al banco, no a la universidad, y cuestionando la falta de información sobre la deuda real de Arcos o la sostenibilidad del plan de matrícula.
Respuesta de la USACH: El prorrector Cristian Muñoz desestimó el informe de los académicos, afirmando que «no existe ninguno de los riesgos indicados» y que la compra es una incorporación responsable de los estudiantes, justificado el aumento del precio de Arcos por la inclusión de su edificio principal, equipamiento y marca. (NP-Gemini-Interferencia)
