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Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Daniel Lilayu y Flor Weisse, solicitaron formalmente al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, que inicie una investigación para esclarecer si existió fraude en la obtención de dineros estatales por parte de la familia de Bernarda Vera.
Los parlamentarios entregaron una carta a Letelier expresando la necesidad de determinar la legitimidad de los «beneficios pecuniarios» que la familia de Vera estaría recibiendo. La solicitud se basa en un reportaje que sugiere que Vera, quien figura en el Informe Rettig como detenida desaparecida desde 1973, estaría viva y residiendo en Argentina.
La bancada UDI advirtió que, de confirmarse los antecedentes, se trataría de un hecho de «máxima gravedad» debido a las posibles implicancias penales y patrimoniales, dado que los beneficios fueron otorgados bajo el principio de buena fe.
Los legisladores piden al CDE «determinar si los beneficios otorgados en este caso fueron obtenidos de manera fraudulenta o sin causa legítima». Alessandri confirmó que el CDE ha iniciado una carpeta de investigación y que informará a la Cámara de Diputados sobre las acciones a seguir.
La diputada Flor Weisse anunció que también están evaluando impulsar una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, buscando proteger los recursos públicos.
El diputado Daniel Lilayu calificó de «inaceptable» que se sigan pagando beneficios «sin justificación» mientras existen carencias en hospitales y medicamentos para adultos mayores. Lilayu enfatizó que se está «engañando al Estado» y que la acción busca sentar una «señal potente» para recuperar los fondos.
Jorge Alessandri señaló que la polémica está «creciendo» porque, a su juicio, el Ejecutivo está «justificando lo injustificable», y anunció que se reunirá con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el exministro Luis Cordero, para conocer detalles sobre cómo el Gobierno se enteró de la situación.
Bernarda Vera, conocida como «Anita», era militante del MIR y se presumía ejecutada en Neltume en octubre de 1973, figurando en la nómina de detenidos desaparecidos del Informe Rettig. La situación se conoció públicamente en mayo de este año, cuando la oficina de migraciones de Suecia informó, a solicitud de Cancillería, que una mujer chilena con el mismo nombre había obtenido la nacionalidad sueca como refugiada y residía actualmente en Mar del Plata, Argentina. El Gobierno ha mantenido que no hay certeza de que esta persona sea la militante del MIR. Se sabe, además, que la hija de Vera es beneficiaria de una pensión estatal que se extendió por una discapacidad.
