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El anuncio del Gobierno de enviar US$ 1 millón en ayuda humanitaria a Cuba ha desatado una fuerte controversia política, motivando a la oposición a citar al canciller Alberto Van Klaveren para rendir cuentas ante el Congreso. Mientras sectores de Evópoli y el Partido Republicano critican el uso de fondos públicos en un contexto de déficit fiscal y acusan una supuesta influencia del Partido Comunista, el Presidente Gabriel Boric defendió la medida calificando el bloqueo estadounidense como “criminal”. El mandatario subrayó que el aporte se canalizará a través de UNICEF mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, sumándose a esfuerzos de otros países latinoamericanos.+2
El marco legal que sustenta este envío es la Ley N° 20.138, promulgada en 2006, la cual faculta a la Presidencia para efectuar aportes anuales de hasta US$ 5 millones a organismos de las Naciones Unidas. El canciller Van Klaveren enfatizó que el dinero no se entrega directamente al gobierno cubano ni a su partido oficial, sino que se deposita en una agencia internacional de prestigio para garantizar su fin humanitario. Esta aclaración busca disipar las dudas sobre el destino final de los recursos y la transparencia del proceso, en medio de advertencias desde congresistas de Estados Unidos sobre posibles consecuencias para Chile.+1
La administración de Boric ha utilizado recurrentemente este fondo para diversas crisis globales, argumentando una política de Estado que trasciende la ideología de los países receptores. Desde 2022, Chile ha enviado recursos a Ucrania por US$ 100 mil tras la invasión rusa y ha realizado múltiples aportes a Palestina a través de UNRWA, UNESCO y UNFPA, incluyendo kits de dignidad para mujeres y niñas en Gaza. También se han registrado donaciones de emergencia a Jamaica, San Vicente y las Granadinas, y Granada tras el paso del huracán Beryl en 2024, consolidando el rol de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) en la región.
En el ámbito regional reciente, el Fondo Chile gestionó en agosto de 2025 la entrega de 50 mil dosis de vacunas contra el sarampión a Bolivia para combatir un brote epidemiológico, destacando la cooperación sanitaria entre países vecinos. Asimismo, en noviembre de 2025 se destinaron US$ 100 mil para Jamaica y Cuba tras los estragos del huracán Melissa, distribuidos mediante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Cruz Roja. Estos antecedentes son los que el Ejecutivo planea presentar ante el Legislativo para demostrar que la ayuda a Cuba no es un hecho aislado ni arbitrario, sino parte de una práctica institucionalizada de cooperación internacional.
La tensión política, sin embargo, persiste debido a la magnitud del monto actual —diez veces superior a ayudas previas a la misma isla— y al momento económico que atraviesa el país tras los informes de déficit estructural revelados por la Dipres. La oposición insiste en que las prioridades deben estar en la reconstrucción interna y la estabilización de las finanzas públicas, mientras que La Moneda reafirma su compromiso con el multilateralismo y la asistencia humanitaria ante catástrofes naturales y crisis de seguridad alimentaria. El debate en el Congreso definirá si el uso de estos fondos especiales requiere mayores restricciones o si se mantendrá la discrecionalidad presidencial actual. (NP-Gemini-Emol)
