El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que el Ministerio Público chileno solicitará formalmente la cooperación de Estados Unidos para interrogar a Nicolás Maduro. Esta diligencia se enmarca en la investigación por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, crimen ocurrido en territorio nacional y cuya autoría intelectual es objeto de indagatoria transnacional.
COOPERACIÓN JUDICIAL CON ESTADOS UNIDOS
Valencia explicó que, dado que Maduro se encuentra actualmente bajo la jurisdicción de las autoridades estadounidenses tras su captura en enero, es imperativo establecer lazos de asistencia legal mutua para avanzar en el caso.
- Objetivo de la diligencia: Esclarecer la planificación, el financiamiento y la ejecución del homicidio.
- Vínculos con la cúpula chavista: El fiscal nacional señaló que existen antecedentes en la carpeta investigativa que sugieren que el crimen habría sido instruido por Diosdado Cabello.
- Reunión clave: El jefe de la Fiscalía se reunirá este lunes en Washington con la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, para concretar esta y otras solicitudes de cooperación judicial.
LA EVOLUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO EN CHILE
Además de las gestiones internacionales, Valencia realizó un crudo diagnóstico sobre la realidad delictiva del país, advirtiendo que Chile ha dejado de ser una zona de tránsito para convertirse en un centro de operaciones de redes transnacionales.
| Amenaza | Características en Chile |
| Narcotráfico | Consolidación de redes de distribución local con nexos internacionales. |
| Trata de personas | Explotación sexual y laboral gestionada por organizaciones extranjeras. |
| Extorsión | Implementación de métodos de cobro de “protección” a comerciantes. |
| Fraudes Informáticos | Operaciones de alta complejidad orientadas al sistema financiero. |
El fiscal nacional subrayó que reconocer este cambio en la criminalidad es vital para la supervivencia democrática de la región, enfatizando que “el peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”. Según la autoridad, el Estado debe adoptar medidas proporcionales a una amenaza que ya no es externa, sino que opera activamente dentro de las fronteras nacionales. (NP-Gemini-La Tercera)