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Mientras la Comisión de Ministras y Ministros de la Corte Suprema discutían este martes la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos en el Poder Judicial, el Gobierno de José Antonio Kast retiraba de la Contraloría General de la República el instrumento.
Los magistrados encargados de temáticas de Derechos Humanos efectuaron su primera reunión del año, con el propósito es fortalecer la coordinación interna, articular iniciativas con foco en las personas y grupos más vulnerables, optimizar el uso de recursos evitando duplicidades y establecer criterios comunes que orienten la labor institucional en materia de derechos humanos.
La sesión fue presidida por el ministro de la Corte Suprema encargado de asuntos de Derechos Humanos, Leopoldo Llanos, y contó con la participación de ministras y ministros que lideran áreas clave: Jessica González (género), Mireya López (lenguaje claro), María Soledad Melo (infancia), y Gonzalo Ruz (acceso a la justicia de las personas y los grupos vulnerables). Y el ministro Omar Astudillo, encargado de causas sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990, quien estuvo representado por Cristián Sánchez, abogado jefe de su unidad.
La presencia de estas autoridades refleja la relevancia de una mirada transversal y coordinada para abordar los desafíos en derechos humanos, consolidando una gestión más integrada dentro de la Corte Suprema.
También participaron la secretaria abogada de la presidencia de la Corte, Valentina Sada, y la directora (s) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Andreina Olmo.
En el inicio de la jornada, el coordinador del área de derechos humanos de la Dirección de Estudios, Luciano Alarcón, presentó las acciones comprometidas por el Poder Judicial en el marco de la tercera versión del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH), previo a su retiro de ka Contraloría por el Gobierno, y del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas.
Entre las iniciativas del PNDH se contemplan el desarrollo de una guía práctica para la aplicación del protocolo de acceso a la justicia de personas con discapacidad, el fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia y la creación de un sistema consolidado de registro y archivo de causas de derechos humanos. En el ámbito de empresas y derechos humanos, se destacó la actualización de la colección jurídica especializada en esta materia.
Posteriormente, el director de la DAIDH, Rafael Silva, abordó la planificación y articulación de actividades para el período, incluyendo compromisos del sistema universal (como la elaboración de informes sobre recomendaciones prioritarias del Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y del sistema interamericano, donde se prevé la revisión de cinco casos relativos al Estado chileno, por parte de la Corte Interamericana durante 2026.
Asimismo, se refirió a la implementación de nuevas normativas relevantes, como la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, y la ley integral de personas mayores orientada a promover un envejecimiento digno, activo y saludable. También presentó las metas de eficiencia institucional (MEI) vinculadas al trabajo de la Comisión.
Esta primera sesión marca el inicio de un trabajo colaborativo entre ministras y ministros que lideran áreas estratégicas, consolidando una agenda institucional orientada a fortalecer el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos desde el Poder Judicial, a través de proyectos concretos y de alto impacto.
Santiago, 19 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
