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La Subsecretaría de Pesca confirmó este jueves el retiro de la tramitación del proyecto de Ley General de Pesca que fuera ingresado durante el gobierno de Gabriel Boric. A través de un boletín oficial, el organismo justificó la medida bajo la premisa de someter la iniciativa a un proceso de análisis y optimización técnica, asegurando que el objetivo no es desechar el texto en su totalidad, sino identificar los puntos de consenso que permitan una implementación en plazos más acotados.
Desde el Ejecutivo detallaron que se mantendrán diversas instancias de diálogo para introducir mejoras al articulado, integrando la participación de comités de manejo, comités científicos, consejos zonales y el Consejo Nacional de Pesca. El propósito declarado es perfeccionar la normativa vigente sin detener los avances logrados en materias donde ya existe un acuerdo transversal, buscando equilibrar las necesidades productivas con la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del país.
Sin embargo, la decisión generó una ola de críticas en parlamentarios de oposición, quienes calificaron la medida como un “error político” y una señal negativa para el sector artesanal. Legisladores del Partido Comunista, el Frente Amplio y la Democracia Cristiana acusaron que esta acción podría representar un intento por mantener la vigencia de la actual normativa, conocida como “Ley Longueira”, la cual ha sido cuestionada por su legitimidad. Los parlamentarios enfatizaron que el proyecto ya contaba con un avance significativo en el Congreso, incluyendo la aprobación de la mayoría de sus artículos.
El diputado Jorge Brito (FA) y el senador Iván Flores (DC) coincidieron en que el retiro del proyecto ocurre en un momento crítico para la pesca artesanal, sector que ya se encuentra afectado por el alza sostenida en el precio de los combustibles. La oposición advirtió que enfrentará esta decisión en las instancias correspondientes, argumentando que el “secretismo” en la toma de decisiones por parte de la administración del Presidente José Antonio Kast rompe las confianzas con el Poder Legislativo y pone en riesgo el futuro de más de 100 mil personas que dependen de esta actividad en Chile. (NP-Gemini-La Tercera)
