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La conmemoración del Día del Joven Combatiente cada 29 de marzo en Chile es una fecha que condensa memoria, dolor y una fractura histórica que aún resuena en las calles. Sus orígenes remiten a una tragedia ocurrida hace 41 años, en 1985, en plena dictadura cívico–militar.
El Atardecer en Villa Francia
Aquel viernes 29 de marzo de 1985, el ambiente en Santiago estaba cargado de una tensión eléctrica. Eran años de Jornadas de Protesta Nacional y una represión que no daba tregua a la creciente rebelión de la población. En la Villa Francia, un histórico enclave de resistencia comunitaria en la actual comuna de Estación Central, la familia Vergara Toledo desde hace tiempo estaba preparaba para lo peor, aunque nunca imaginaron la magnitud de lo que vendría.
Rafael (18 años) y Eduardo (20 años) eran hermanos, eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Habían dado sus primeros pasos en las luchas sociales en los primeros gérmenes del movimiento estudiantil: Rafael desde el Liceo de Aplicación en la Agrupación de Estudiantes Medios (AEM) y Eduardo en el ex Pedagógico, hoy Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), en la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED).
Cerca de las 19:45 horas de ese 29 de marzo, mientras caminaban por la intersección de la Avenida 5 de Abril con Las Rejas, fueron interceptados por una patrulla de Carabineros.
Lo que siguió fue un despliegue de violencia desmedida. Conforme a las investigaciones judiciales posteriores y el Informe de la Comisión Rettig, Eduardo cayó primero, alcanzado por impactos de bala por la espalda mientras intentaba huir. Rafael, al ver a su hermano herido, se detuvo para auxiliarlo. Fue golpeado brutalmente y ejecutado a corta distancia.
La noticia de la muerte de los dos hermanos golpeó el corazón de la Villa Francia y en las expresiones juveniles de la resistencia al régimen. Pero la tragedia de aquel día no terminó en ese episodio sangriento que arrancó las vidas de esos dos “jóvenes combatientes”.
Entre la Impunidad y la Justicia
El proceso judicial por el asesinato de Eduardo y Rafael Vergara Toledo fue largo, complejo y se extendió por más de dos décadas, convirtiéndose en un caso emblemático de la lucha contra la impunidad en Chile.
Inmediatamente después de los hechos en 1985, el caso quedó bajo la jurisdicción de la Justicia Militar. Durante los años de la dictadura, la versión oficial sostenía que los hermanos Vergara habían muerto en un “enfrentamiento” tras intentar asaltar un negocio y atacar a una patrulla de Carabineros.. El proceso no avanzó y los responsables no fueron procesados.
Con el retorno a la democracia, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación examinó el caso. El Informe Rettig fue determinante al establecer que las pruebas no avalaban la tesis del enfrentamiento; que los hermanos fueron víctimas de violación a los derechos humanos perpetrada por agentes del Estado; y que Eduardo murió por disparos mientras escapaba, y Rafael fue ejecutado mientras se encontraba herido y bajo custodia.
Gracias a la persistencia de sus padres, Manuel Vergara y Luisa Toledo, años después el caso pasó a la justicia civil. En la década de los 2000, el ministro en visita Sergio Muñoz (y luego otros magistrados) logró reconstruir la escena mediante nuevos peritajes balísticos y una diversidad de testimonios que contradijeron la versión policial de 1985.
En agosto de 2010, la Corte Suprema dictó la sentencia definitiva contra los carabineros involucrados en el operativo represivo de Villa Francia. El fallo fue histórico porque descartó definitivamente la legítima defensa o el enfrentamiento.
Así, Jorge Marín Jiménez fue condenado a 15 años y un día de presidio por el homicidio calificado de Rafael y el homicidio simple de Eduardo. Alex Ambler Hinojosa y Francisco Toledo Puente fueron condenados a 7 años de prisión como autores de homicidio simple.
Una Jornada de Sangre
Mientras que la familia Vergara Toledo procesaba el horror, en otros puntos de Santiago la violencia del Terrorismo de Estado cobraba más víctimas. Una joven de 20 años, también militante del MIR y estudiante secundaria, Paulina Aguirre Tobar, fue acribillada por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el sector de El Arrayán esa misma noche.
Esa misma jornada comenzó el secuestro de los profesionales comunistas Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, cuyos cuerpos aparecerían degollados al día siguiente, provocando uno de los mayores escándalos políticos del régimen de Pinochet.
En los siguientes años, el 29 de marzo se transformó. Lo que comenzó como una velatón íntima de los vecinos de la Villa Francia y la familia Vergara Toledo, se expandió hacia otros territorios populares y movimientos estudiantiles.
Pasó de ser un acto de duelo familiar a una jornada de reivindicación política. El nombre “Día del Joven Combatiente”, que emergió en los primeros tiempos de la transición, se consolidó para homenajear no solo a los hermanos Vergara, sino a todos los jóvenes que perdieron la vida enfrentándose a la dictadura.
Hoy, la fecha es compleja. Por un lado, persiste el acto solemne de memoria en Villa Francia, que inició el liderazgo de la madre de los jóvenes, Luisa Toledo (quien falleció en 2021, convertida en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia). Por otro, la jornada suele estar marcada por enfrentamientos en zonas periféricas, lo que genera un intenso debate público sobre el derecho a la protesta y el orden social.
El origen, sin embargo, permanece inalterable en los archivos judiciales y la memoria histórica: dos hermanos que se convirtieron en el rostro de una generación que no llegó a ver el fin de los muros que ayudaron a derribar.
Santiago, 29 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
