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El proyecto, impulsado por la legisladora Lorena Pizarro, del Partido Comunista, lo aprobaron el pasado 7 de octubre en el Congreso Nacional con 89 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones.
La iniciativa establece la creación de un registro público, gratuito y digital de los detenidos desaparecidos en los 17 años del régimen de Pinochet.
Esta inscripción detalla el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad de la persona al momento de su detención y día del arresto, secuestro o privación de libertad.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó la importancia de esta normativa y recordó que muchas familias sufren no solo por la pérdida de sus seres queridos, sino también porque la inexistencia de tal figura jurídica les dificultó realizar diversos trámites durante años.
Según datos publicados aquí, de las 40 mil víctimas de la dictadura, todavía hoy se desconoce el paradero de mil 100. El 50,28 por ciento de ellas eran obreros o campesinos y 13,6 menores de 21 años.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, valoró la voluntad política del Gobierno y del Parlamento de convertir en ley esta iniciativa.
No puede haber democracia si no hay verdad y justicia por los peores crímenes cometidos en este país, dijo Lira.
Como personas ausentes por desaparición forzada serán reconocidas aquellas incluidas en los informes de la Comisión de la Verdad, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entre otros instrumentos.
Santiago de Chile, 15 de octubre 2025
Crónica Digital/PL
