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La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó este lunes la controversia generada por la instrucción del Ejecutivo de aplicar un ajuste presupuestario del 3% a todas las carteras de Estado. En el caso específico de Seguridad, esta medida implicaría una reducción de 72.669 millones de pesos, cifra que ha despertado críticas transversales considerando que el fortalecimiento de las policías y el combate a la delincuencia fueron ejes centrales de la campaña del Presidente José Antonio Kast.
REUNIONES ESTRATÉGICAS CON DIPRES Y HACIENDA
Ante el complejo escenario económico del país, la ministra Steinert confirmó que ha sostenido “conversaciones intensas” con el ministro de Hacienda para evitar que el recorte afecte la operatividad de su cartera. Para este lunes por la tarde, está programada una reunión clave con la Dirección de Presupuestos (Dipres), instancia en la que la secretaria de Estado espera revertir la medida. Steinert aclaró que la rebaja fue planteada originalmente como una propuesta de evaluación y no como un decreto inamovible.
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS DE CARABINEROS Y PDI
Para sustentar la defensa del presupuesto, la ministra solicitó el apoyo de especialistas en finanzas de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). El objetivo es identificar las prioridades críticas de ambas instituciones y demostrar técnicamente el impacto negativo que tendría una disminución de recursos en la seguridad nacional. Steinert manifestó su confianza en que, mediante estos “actos concretos”, se logrará mantener el financiamiento original para asegurar la ejecución de los planes de prevención y control delictivo.
AJUSTE FISCAL Y PRIORIDADES DE GOBIERNO
El ajuste presupuestario general responde a una estrategia del Ministerio de Hacienda para enfrentar la estrechez fiscal que atraviesa Chile en el inicio de 2026. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad insisten en que la naturaleza de sus funciones exige una excepción a la regla de austeridad. La resolución de este conflicto presupuestario será determinante para medir la capacidad de cumplimiento de las promesas gubernamentales en materia de orden público en un contexto de alta demanda ciudadana por mayor vigilancia. (NP-Gemini-Bio Bio)
