admin
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., propietaria de los terrenos en el cerro Centinela, solicitó formalmente al Gobierno de José Antonio Kast que desista del proceso de expropiación parcial iniciado durante la administración anterior. A través de un comunicado, la firma instó a las autoridades a dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, el cual ordena la restitución íntegra del predio y el desalojo de la denominada “megatoma”, una de las ocupaciones irregulares más grandes del país.
DENUNCIAN DECISIÓN UNILATERAL Y PERJUICIO ECONÓMICO
Desde la inmobiliaria aseguraron que la expropiación fue una medida impuesta de manera unilateral por el Ministerio de Vivienda del gobierno de Gabriel Boric, apenas dos días antes de que venciera el plazo legal para ejecutar el desalojo. Según la empresa, durante los meses de negociaciones previas nunca se planteó la expropiación como alternativa, y recalcaron que el precio fijado para la indemnización les genera un grave perjuicio económico, razón por la cual han activado diversas herramientas legales para oponerse al proceso.
PRECEDENTES DE COLONIA DIGNIDAD Y CLUB HÍPICO
La firma basó su petición en las recientes decisiones del actual Ministerio de Vivienda, liderado por Iván Poduje, de desistir de las expropiaciones en Colonia Dignidad y el Club Hípico de Punta Arenas. El abogado de la inmobiliaria, Diego Pereira, enfatizó que el objetivo es que se respete el Estado de Derecho devolviendo la propiedad a sus “legítimos dueños”, permitiendo que avance la restitución del terreno desalojado tal como lo dispuso la justicia.
INVESTIGACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN DE LA TOMA
En paralelo a la disputa por el terreno, el ministro Iván Poduje anunció una investigación técnica para determinar si existió financiamiento y organización profesional detrás de la ocupación en San Antonio. La cartera analizará registros aéreos y levantamientos topográficos para establecer si hubo terceros que coordinaron la instalación del asentamiento. Asimismo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una reclamación judicial para rebajar en más de $6.700 millones la indemnización provisoria de $10.000 millones fijada inicialmente, argumentando que el valor asignado a las 110 hectáreas es excesivo. (NP-Gemini-Bio Bio)
