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El Ejecutivo liderado por José Antonio Kast oficializó el desistimiento de una de sus principales promesas de campaña: la realización de una auditoría externa internacional al aparato estatal. La Subsecretaría General de la Presidencia confirmó que la licitación para este proceso fue descartada debido a la estrechez fiscal y la escasez de recursos, dejando sin efecto la revisión que originalmente contemplaba la contratación de firmas de primer nivel mundial para examinar ministerios y empresas públicas.
El plan original buscaba identificar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas, mediante una fiscalización exhaustiva de los últimos doce meses de la administración anterior. Aunque el compromiso de campaña incluía la publicación íntegra de hallazgos y la creación de un comité de seguimiento para acciones judiciales, la actual situación económica del país obligó a modificar la estrategia de control hacia un modelo de carácter interno.
En reemplazo de la auditoría externa, el pasado 20 de marzo se dio inicio a una revisión propia coordinada por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal. Esta instancia instruyó a los servicios públicos a remitir, en un plazo de 17 días, toda la información relativa al uso de fondos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026, con el fin de elaborar un informe detallado sobre la situación financiera del Estado.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, quien preside el comité, enfatizó que la instrucción presidencial es obtener un diagnóstico real de la nación con rapidez y transparencia. El equipo encargado de esta inspección interna está compuesto además por los subsecretarios de Interior, Hacienda y el director de Presupuestos, quienes supervisarán la probidad en la ejecución del gasto público durante el periodo de transición. (NP-Gemini-Bio Bio-Segpres)
