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El debate presupuestario en el Congreso se tensó este miércoles luego de que la Cancillería se negara a revelar el eventual costo que demandará al Estado la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. La negativa, expresada en un oficio a la tercera subcomisión mixta, generó una ola de críticas por parte de los legisladores de oposición.
Ante el inminente riesgo de que la partida fuera rechazada, la subcomisión decidió no someter a votación los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.) y derivarla directamente a la siguiente fase legislativa, como medida de «decisión salomónica».
Pese a que el canciller Alberto van Klaveren había prometido una campaña austera y se había comprometido a enviar antecedentes, la respuesta de la Cancillería mantuvo su postura de no entregar una estimación precisa. El oficio, repartido a los parlamentarios, añadió un antecedente que desató la controversia: el costo de la campaña fue definido como un «dato sensible y de interés nacional».
El documento del Minrel argumenta que la austeridad de la campaña implica financiarla con el presupuesto regular de la Cancillería (subtítulos 21 y 22 de 2026), empleando las capacidades instaladas en el exterior. Sin embargo, justifica la reserva de la información señalando dos razones:
Se está en una etapa temprana de planificación.
La información «puede considerarse de interés nacional, cuyo conocimiento por terceros resulta un elemento sensible».
La Cancillería invocó el Artículo 8° de la Constitución, que permite la excepción al principio de publicidad cuando la revelación afecte el «interés nacional».
ACUSACIONES DE OPACIDAD
La respuesta generó una fuerte molestia en la oposición, que vio en el oficio un intento de ocultar gastos políticos bajo un argumento de seguridad.
El diputado Agustín Romero (Republicano) tildó de «insólito» que el Gobierno declare «sensible» el costo de la campaña, ironizando que el gasto en promover a una expresidenta «es más secreto que las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas».
El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la subcomisión, advirtió que no se puede avanzar en la aprobación de recursos sin información concreta. «No se puede avanzar… porque se trata de decisiones que comprometen fondos públicos y merecen transparencia», afirmó.
La diputada Carla Morales (RN) acusó al Gobierno de ser el que «más ha abusado de sesiones secretas» y de pasar a llevar la Constitución y la Ley de Transparencia al invocar una causal «que no dice relación con la naturaleza de la información que se quiere ocultar». Morales advirtió que, de persistir la opacidad, acudirán al Consejo para la Transparencia.
La oposición además mantiene reparos sobre la estimación del reajuste salarial del sector público, que no fue incluido en el Presupuesto 2026, lo que refuerza su decisión de frenar la aprobación de partidas presupuestarias. (NP-Gemini-La Tercera)
