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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre la existencia de graves vulneraciones a los derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, señalando prácticas como retención de salarios, amenazas de sanciones penales y confiscación de documentos a los profesionales participantes.
Según el informe del organismo, estas brigadas —creadas en la década de 1960 durante el gobierno de Fidel Castro— han evolucionado desde un esquema de cooperación internacional hacia una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el Estado cubano. En 2022, generaron cerca de US$4.882 millones, equivalentes a una parte mayoritaria de los servicios exportados por la isla.
El documento sostiene que los trabajadores reciben solo una fracción de los pagos realizados por los países receptores —entre un 2,5% y un 25%—, mientras el resto es administrado por el Estado, lo que, según la CIDH, limita su capacidad de subsistencia en condiciones dignas.
TESTIMONIOS Y CONDICIONES LABORALES
El informe recoge testimonios que dan cuenta de condiciones precarias, incluyendo bajos ingresos y dificultades para acceder a bienes básicos. Algunos profesionales relataron que los estipendios recibidos no les permitían cubrir necesidades esenciales.
Asimismo, se documentan extensas jornadas laborales, guardias no remuneradas y restricciones en la vida personal, como limitaciones para relacionarse libremente con personas del país anfitrión.
PRESIONES Y SANCIONES
La CIDH también advierte que los profesionales enfrentan presiones para completar sus misiones. Quienes abandonan anticipadamente pueden ser catalogados como desertores, perder derechos en Cuba —incluida la propiedad de sus viviendas— y enfrentar sanciones que van desde la prohibición de ingreso al país hasta penas de prisión.
Además, se denuncian prácticas como la retención de pasaportes al llegar al destino y el bloqueo de salarios en cuentas dentro de la isla, a las que solo pueden acceder si regresan.
INDICIOS DE TRABAJO FORZOSO
A partir de estos antecedentes, el organismo concluye que existen elementos compatibles con situaciones de trabajo forzoso e incluso posibles casos de trata de personas, debido a las restricciones a la libertad individual y las presiones institucionales.
El informe se basó en entrevistas a decenas de profesionales que participaron en misiones en distintos continentes, con especial presencia en países de América Latina como Venezuela, uno de los principales destinos de estas brigadas. (NP-ChatGPT-Emol-Agencias)
