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El fuero parlamentario, consagrado en el artículo 61 de la Constitución, impide que diputados y senadores sean acusados o privados de libertad salvo autorización judicial. Sin embargo, este resguardo abrió un vacío legal respecto de legisladores ya desaforados que buscan un nuevo período en el Congreso.
Actualmente, los diputados independientes Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto enfrentan procesos judiciales y, pese a ello, postulan al Senado. Pulgar fue desaforado por una denuncia de violación y acoso sexual aún en investigación, mientras que Calisto apeló ante la Corte Suprema un fallo que aprobó su desafuero por presunto mal uso de asignaciones parlamentarias.
La Constitución no establece con claridad si un legislador desaforado recupera su fuero al ser electo nuevamente. Incluso, el Senado no cuenta con notificaciones oficiales de los procesos judiciales que afectan a estos parlamentarios, ya que las comunicaciones se enviaron solo a la Cámara de Diputados.
La Fiscalía Nacional, en tanto, ya fijó posición: un nuevo mandato no extingue ni suspende un desafuero vigente. En caso de ser electos, Pulgar y Calisto seguirían enfrentando las causas en curso sin necesidad de que el Ministerio Público solicite nuevamente la autorización judicial, salvo que se trate de hechos distintos a los ya investigados.
El eventual triunfo de los legisladores genera otro problema práctico: el impedimento de jurar y asumir funciones. Según la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, un parlamentario solo entra en ejercicio tras prestar juramento en sala, requisito indispensable también para recibir dieta y asignaciones.
“El desafío sería al momento de la investidura: sin jurar, el parlamentario electo no puede ejercer ni percibir remuneración”, explicó Jorge Barrera, académico de la Facultad de Derecho de Yale. Una visión que comparte el secretario de la Cámara, Miguel Landeros, quien recordó que la proclamación solo otorga la condición de electo, pero no de parlamentario en ejercicio.
