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Por Daniel Jadue
En días recién pasados, organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Chilena de Derechos Humanos y diversos gremios han presentado ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, un informe llamado «Fuentes del Malestar Social en Chile: La Denegación y Cumplimiento Parcial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
El informe no es solo un diagnóstico bastante exacto de la realidad nacional; también es un acta de defunción de la promesa de prosperidad que el modelo chileno vendió por décadas. Su principal revelación es una verdad incómoda para una mayoría del sistema político chileno que ha devenido en cómplice de esta realidad, pero esencial: el malestar en Chile no es coyuntural, es estructural. No se trata solo de mala gestión; se trata del diseño.
El documento pone el dedo en una llaga histórica que muchos se niegan a ver y a sanar: la Constitución de 1980 y su «orden público económico» no hicieron más que cimentar un sistema que ve los derechos sociales esenciales (salud, educación, vivienda, cultura, previsión) como «bienes de consumo» y no como garantías universales.
Durante años, se nos dijo que el mercado, con su relato de una eficiencia mágica y su WhatsApp clandestino para organizar colusiones y encubrir abusos, se encargaría de la salud y la educación, la vivienda, las pensiones y todo lo que necesitáramos. El resultado fue la mercantilización de la dignidad y el abandono, por parte del Estado, de los pueblos de Chile.
Cuando un derecho es tratado como un bien de consumo, su acceso deja de depender de la ciudadanía y pasa a depender de la billetera. Esto crea una «sociedad de consumidores» en lugar de una «sociedad de ciudadanos». El malestar brota de esa asfixiante sensación de vulnerabilidad: basta una enfermedad grave o un despido, basta un desastre natural o un accidente, para que una familia de clase media pierda todo y caiga en el abismo de la deuda, sin contar que los sectores populares no necesitan de dichos eventos, viven eternamente cautivos de ella.
El informe, al apuntar a la raíz constitucional de esta privatización, nos recuerda que el problema no se resuelve con parches. No se trata de inyectar más dinero al sistema actual, sino de cambiar las reglas del juego, por lo que vuelve a poner sobre la mesa un horizonte que muchos prefieren eliminar. La necesidad urgente de una nueva constitución.
La persistencia del malestar, evidenciado de forma explosiva en 2019, radica en que el sistema chileno funciona como una hipoteca perpetua sobre la vida de las personas. La casa, la salud, la educación de los hijos: todo está financiado por deuda, y la única garantía es un esfuerzo individual que, frente a un mercado implacable, siempre resulta insuficiente.
El informe a la ONU es un llamado de atención internacional: mientras el Estado siga cediendo su rol de garante de derechos a la lógica de la oferta y la demanda, el descontento no desaparecerá. El desafío entonces, es repolitizar los derechos sociales, sacarlos del mercado y devolverlos al ámbito de la ciudadanía, desmercantilizar la vida para volver a la vida digna.
Chile necesita una institucionalidad que, lejos de ser un obstáculo al progreso, se convierta en la columna vertebral de una verdadera sociedad de derechos. Solo así podremos saldar la deuda histórica con nuestra propia gente y desarmar, por fin, la hipoteca del malestar.
Santiago de Chile, 26 de septiembre 2025
Crónica Digital
