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El presidente Gabriel Boric enfrenta una ola de críticas por parte de parlamentarios de oposición tras revelarse su declaración ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Según la publicación de El Mercurio de esta jornada, el Mandatario afirmó en marzo que «jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional» y que no fue advertido por las ministras de las Culturas o de Bienes Nacionales.
La intención del Gobierno era adquirir la casa de Allende en la calle Guardia Vieja para convertirla en un museo. Sin embargo, el proceso se detuvo al revelarse que la Constitución prohíbe que autoridades públicas celebren contratos con el Estado, y entre las herederas y vendedoras del inmueble se encontraban la entonces senadora Isabel Allende (PS) y la exministra Maya Fernández.
El Presidente Boric precisó ante el fiscal que «si había algún problema constitucional, con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello». Reconoció haberse enterado de la inhabilidad el 2 de enero de 2025, mientras estaba en la Antártica, cuando su jefe de gabinete, Carlos Durán, le informó del problema, momento en el cual ordenó detener el proceso.
IGNORANCIA Y MALA FE
Diputados de la Comisión Especial Investigadora (CEI) y jefes de bancada cuestionaron duramente los dichos del jefe de Estado. El presidente de la CEI, diputado Andrés Longton (RN), calificó el hecho como «impresentable que el Presidente de la República alegue desconocimiento de la ley o la Constitución». Longton sugirió que el caso evidencia «mala fe» por las advertencias que debieron hacerse, o bien que se está frente a alguien «que no tiene las más mínimas capacidades para poder gobernar nuestro país».
El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, expresó serias dudas sobre la veracidad de los dichos, argumentando que es difícil creer que una persona con formación de abogado, exdiputado y actual Presidente «no conocía las normas constitucionales» que prohíben a ministros y parlamentarios contratar con el Estado, contradiciendo además que Boric «se jactó hace unos días en Naciones Unidas de que siempre había que hablar con la verdad».
CRÍTICAS A ASESORES
La parlamentaria Paula Labra (RN) tildó las declaraciones de Boric como «gravísimas», señalando que es incomprensible que no supiera que estaba firmando una inconstitucionalidad de 900 millones de pesos. Labra también criticó que la jefa de la división jurídico legislativa de Presidencia, Francisca Moya, quien reconoció en la CEI saber de la inconstitucionalidad, siga en su cargo. Además, recordó que la exjefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, reconoció presiones de altos funcionarios para apurar la compra.
El diputado Gustavo Benavente (UDI) sentenció que lo único claro es que «una vez más el Presidente Boric no sabe nada» y que los asesores involucrados son «un grupo de ineptos» o bien «todos eventualmente se pusieron de acuerdo para mentir». La diputada Marlene Pérez (IND-UDI) consideró que es «prácticamente imposible que nadie le advirtiera al Ejecutivo» de la inhabilidad, señalando que la imagen que queda es que el Mandatario «quiso insistir hasta el último minuto». Finalmente, la diputada Sofía Cid (Partido Republicano) afirmó que el Gobierno obró «fuera del marco constitucional y legal», concluyendo que algunos creen que a ellos «no se les aplican las mismas normas que a todos los chilenos». (NP-Gemini-Emol)
