admin
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que modifica la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, con el objetivo de que todos los postulantes a la Presidencia deban firmar una declaración jurada que refleje su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
El jefe de bancada, Frank Sauerbaum, afirmó que la iniciativa responde a la “ambigüedad” de algunos aspirantes, principalmente de izquierda, y busca dejar en claro que no existen matices al momento de defender la institucionalidad democrática. “En Chile el presidente no puede, por confusiones ideológicas, apoyar regímenes donde los ciudadanos no son libres”, argumentó.
En la misma línea, la subjefa Carla Morales sostuvo que la propuesta apunta a establecer un mínimo ético en la política nacional. “La defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos no se puede relativizar. Respaldar a regímenes autoritarios donde no hay elecciones libres ni libertad de expresión es contrario al país que hemos construido”, señaló.
El proyecto recalca que la democracia constitucional garantiza mejor la libertad, el pluralismo y la resolución pacífica de los conflictos sociales, y detalla principios del Estado de Derecho como la supremacía constitucional, la igualdad ante la ley, la existencia de órganos autónomos y la responsabilidad de los gobernantes frente a los ciudadanos.
En su fundamentación, los legisladores sostienen que quienes busquen llegar a La Moneda deben asumir un compromiso “inequívoco” de respeto a los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales suscritos por Chile, junto con rechazar la violencia y el autoritarismo.
La propuesta contempla la incorporación de un nuevo artículo, el 9 bis, a la Ley 18.700. Este establece que, en elecciones primarias o generales, los candidatos presidenciales deberán adjuntar una declaración jurada con estas condiciones. Si no lo hacen, el Servicio Electoral otorgará un plazo para subsanar la omisión, bajo apercibimiento de tener por no presentada la candidatura.
“Se trata de un acto simbólico y normativo a la vez, que refuerza la confianza ciudadana en las instituciones, eleva los estándares de responsabilidad de la primera magistratura y consolida a Chile como una democracia liberal robusta y abierta”, señalaron desde la bancada de Renovación Nacional. (NP-Perplexity-La Tercera)
