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La seguridad del ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), quedó en entredicho tras una serie de amenazas de muerte publicadas en Instagram por la cuenta Soberania.Nacional, un perfil que reivindica la dictadura militar y declara apoyo al diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser (Nacional Libertario).
El mensaje inicial, bajo el encabezado “Gendarmería en peligro”, incluía duros insultos contra el secretario de Estado y la advertencia de que “en 2026 ustedes van a pagar todo el daño que le han hecho a este país”. Sin embargo, la situación se tornó más grave con una historia posterior que contenía un recado directo: “Pagarán con cárcel o fusilamiento pero no vivirán para hacer su estallido delictual otra vez”.
Ante la gravedad del contenido, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz (PL), presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, al estimar que los hechos constituyen “amenazas de muerte inequívocas”, tipificadas en el Código Penal. Paralelamente, se dio aviso al Ministerio del Interior y se ordenó reforzar la seguridad del ministro.
AMENAZAS Y JUSTICIA
Si bien es la primera vez que Gajardo recibe este tipo de amedrentamientos, no es un hecho aislado. Su antecesor en la cartera, el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, también fue amenazado en enero de 2024 junto al entonces director de Gendarmería, Sebastián Urra, y la alcaide del Recinto Especial de Alta Seguridad. En esa ocasión, un individuo lanzó panfletos con imágenes de los aludidos siendo apuntados con armas de fuego; posteriormente, fue condenado a 541 días de presidio.
En los últimos meses, funcionarios de Gendarmería también han sido blanco de amenazas, que han ido desde ataques a sus viviendas hasta amedrentamientos contra jefaturas carcelarias en Talagante y Santiago. El caso más reciente, contra un capitán de la exPenitenciaría, motivó a la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) a cuestionar a Gajardo, acusando una falta de respaldo frente a estas situaciones.
La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia abre ahora una investigación penal, mientras el Gobierno busca contener el impacto político y operativo de un episodio que vuelve a poner en primer plano la seguridad de las autoridades vinculadas al sistema penitenciario. (NP-Gemini-La Tercera)
