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La investigación por fraude al fisco que involucra a la Fundación Procultura, por el uso de más de $6 mil millones en fondos públicos, recibió un duro revés judicial. El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la solicitud de la Fiscalía Regional de levantar el secreto bancario de los directivos del organismo, incluido su cofundador Alberto Larraín, así como de las cuentas de la propia fundación.
La medida intrusiva fue solicitada por los fiscales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos, jefe de Alta Complejidad, con base en el informe policial N° 346 de la Brigada Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la PDI, despachado el 3 de octubre. Al interior del Ministerio Público, el fallo del juez Hans Durán se analiza como un nuevo «portazo» que obstaculiza el avance, ya que impide reconstruir la trazabilidad total de los recursos públicos asignados en los convenios. El mismo magistrado ya había negado previamente que la indagatoria se mantuviera en Antofagasta, enviándola a Santiago.
IRREGULAIDADES EN FONDOS PÚBLICOS
La solicitud de la fiscalía consigna que la investigación ha puesto en evidencia un «esquema reiterado de irregularidades en convenios y transferencias de fondos públicos, celebrados entre los años 2020 y 2023 con diversos gobiernos regionales y secretarías regionales ministeriales de Vivienda», lo que permite inferir «patrones de fraude al fisco y otros delitos».
El informe N° 346 de la PDI detalla 64 proyectos y centros de costo asociados a Procultura, que abarcan programas culturales, de salud mental, patrimonio y turismo, ejecutados en distintas regiones del país. Las rendiciones revisadas por la policía superan los $4.811 millones.
El reporte establece «relaciones económicas o administrativas directas» entre la fundación y sus directivos, con vínculos que comprenden actividades de «revisión, aprobación y rendición contable» dentro de la estructura operativa de la fundación, con montos que varían entre $8.925 y $102.518.773.
NECESIDAD DE INFORMACIÓN BANCARIA
El persecutor Eduardo Ríos subrayó en la solicitud que «se hace necesario contar con la información bancaria de las personas antes indicadas, debido a que resulta indispensable para poder determinar la existencia de los delitos que se investigan, el uso y destino de los fondos fiscales».
El requerimiento se sustentaba en la necesidad de poder «ejercer las medidas cautelares reales y penas accesorias respectivas» para recuperar los fondos, solicitando al tribunal que decretara «en forma urgente la información» bancaria. Sin embargo, el juez Durán desechó tanto la solicitud contra las personas naturales como contra la persona jurídica de Procultura, estimando que faltaba información en las presentaciones del Ministerio Público. (NP-Gemini-Emol)
