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Con estupefacción se recibieron en la Cámara Alta las palabras del senador Rojo Edwards, cuando se votaba el proyecto que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, asignándole el nombre de Jorge Peña Hen, por ser fundador de la primera de estas agrupaciones en Chile y Latinoamérica.
Rojo Edwards aseveró: “Este tema no es fácil despacho, dado que viene su nombre: Jorge Peña Hen y fue acusado de internar armas dentro de los violines de los niños y, por lo menos, deberíamos tener conocimiento de esto. Yo lo quiero decir con toda claridad”. Y concluyó: “Esa es la acusación, véanlo en cualquier parte”.
LAS IMPUTACIONES DE 1973
Los propagandistas del Golpe de Estado le imputaron entonces a Peña que era el encargado del “siniestro Plan Zeta”, un burdo invento de la emergente dictadura para justificar el derrocamiento violento del Gobierno constitucional y que era supuestamente un operativo para matar a todos los opositores de la Unidad Popular.
Lautaro Silva en su libro “Allende: el Fin de una Aventura” aseveró que “en La Serena, el ejecutor del Plan Zeta era el ‘virtuoso’ director de la Orquesta Sinfónica de Niños”. Esta es la misma versión que formularon los periodistas Emilio Filippi y Hernán Millas en su libro “Anatomía de un Fracaso. La Experiencia Socialista Chilena”.
Aunque no lo identificaban por su nombre, sin duda se referían al músico Jorge Washington Peña Hen, hijo ilustre de la ciudad y director de la Orquesta Filarmónica. Había creado la Escuela de Música de la Universidad de Chile en La Serena, donde formó una orquesta juvenil de aproximadamente 70 niños, con los cuales realizó giras a lo largo de todo el país, llevando inclusive su música a Perú y Argentina. Como director de orquesta, fue invitado a dirigir conciertos a Concepción y Tucumán, y como reconocimiento a su labor incluso viajó invitado por el Departamento de Estado norteamericano a mostrar su trabajo artístico.
Los apologistas del régimen militar también faltaban a la verdad al imputarle la autoría del Plan Zeta. Nunca se demostró, frente a tribunal de naturaleza alguna, que Peña estuviera involucrado en plan alguno. Fue ejecutado con otras 14 personas –las cuales tampoco recibieron condenas en un proceso ajustado a Derecho– y todos ellos permanecieron en calidad de detenidos–desaparecidos durante 25 años.
Lo cierto es que todas esas personas, incluyendo a Peña Hen, se encontraban detenidos por su sola filiación a los partidos y movimientos de la izquierda chilena, con la excepción de uno de los presos que no registraba militancia alguna.
El músico, en particular, era parte del Partido Socialista. En alguna medida era expresión de una herencia familiar: su era el respetado médico Tomás Peña Fernández, quien había sido alcalde y regidor. Era descendiente de Tomás Peña, prócer de la Sociedad de Artesanos de La Serena y del regionalismo, y de José Antonio Peña, comandante de la Legión Huasquina que luchó en el ejército de Pedro León Gallo y murió en la Batalla de Los Loros.
La periodista Patricia Verdugo estableció en su emblemático libro de investigación “Los Zarpazos del Puma” que su ejecución fue decidida, sin mayor trámite y sin proceso alguno, por el General Sergio Arellano Stark y su comitiva de la “Caravana de la Muerte”. Peña Hen estaba detenido, pero no había sido sometido a Consejo de Guerra alguno, así como otros nueve prisioneros.
Para conocer la historia es útil recurrir al Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Allí se señala que en la actual Cuarta Región “el mando político y militar luego del 11 de septiembre fue asumido por el Comandante del Regimiento ‘Arica’, con asiento en la ciudad de La Serena, quien actuó como Jefe de Plaza e Intendente”. Era el Coronel Ariosto Lapostol Orrego.
Añade: “Un episodio relevante lo constituye la ejecución de 15 personas en el Regimiento ‘Arica’ de La Serena, el 16 de octubre de 1973, en el cual tuvo activa participación una comitiva militar que recorrió esos días la zona norte del país, ejerciendo autoridad delegada, y que se hallaba presente en la ciudad”.
En efecto, el 16 de octubre de 1973 quince personas que permanecían prisioneras en la cárcel de La Serena fueron fusiladas en el ya mencionado recinto militar:
–Jorge Washington Peña Hen, 45 años, músico y profesor universitario.
–Oscar Gaston Aedo Herrera, 23 años, técnico forestal, militante comunista.
–Carlos Enrique Alcayaga Varela, 38 años, albañil, secretario regional de la Central Única de Trabajadores (CUT), y Gobernador de Vicuña.
–José Eduardo Araya González, 23 años, campesino.
–Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, 26 años, supervisor en la Planta de Manufacturas de Neumáticos S.A. (MANESA).
–Jorge Abel Contreras Godoy, 31 años, campesino.
–Hipólito Pedro Cortés Álvarez, 43 años, obrero, funcionario municipal y dirigente del Sindicato de la Construcción.
–Oscar Armando Cortés Cortés, 48 años, campesino.
–Víctor Fernando Escobar Astudillo, 22 años, técnico agrícola, funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA).
–Jorge Mario Jordán Domic, 29 años, médico.
–Manuel Jachadur Marcarian Jamett, 31 años, agricultor.
–Jorge Ovidio Osorio Zamora, 35 años, profesor universitario.
–Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, 44 años, profesor universitario.
–Roberto Guzmán Santa Cruz, 35 años, abogado, asesor de la Compañía Minera Santa Fe.
–Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, 22 años, campesino.
Una vez consumada la masacre de las 14 personas, la que fue perpetrada por los hombres de la Caravana de la Muerte, con la excepción de un único caso, la comitiva de Arellano Stark abandonó la Región de Coquimbo.
Por orden del coronel Lapostol, el Teniente Emilio Cheyre Espinosa pidió al diario “El Día” que publicara un comunicado oficial de la Jefatura de Plaza, lo que se materializó el 17 de octubre de 1973: “Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas las siguientes personas conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en Tiempos de Guerra”.
Respecto de Oscar Aedo Herrera, Víctor Escobar, José Araya y Jorge Contreras, se dijo que “formaban parte de una agrupación terrorista que tenía planificado para el 17 de septiembre apoderarse del Cuartel de Carabineros de Salamanca, matar al personal y a los hijos de estos mayores de ocho años, además de eliminar físicamente a un grupo de personas de la ciudad que alcanzaba un número de 30, cuya nómina no es del caso dar a conocer por razones obvias. Una vez terminada esta acción, se disponían a atacar el retén de Coirón, procediendo de igual forma que la descrita”.
En relación a Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Oscar Cortés, se dijo que habían “ocultado bajo tierra una gran cantidad de quince armas, abundante munición, explosivos, con la intención de atacar a Carabineros de Ovalle el día 17 de septiembre”. Se señaló, además, que habían “participado como instructores de guerrillas en la zona, haciendo de monitor Cortés”.
Sobre Carlos Alcayaga, se señaló que había sido fusilado por: “sustraer explosivos a viva fuerza desde el polvorín de la mina Contador, en Vicuña, el día 11 de septiembre de 1973, explosivo que le fue encontrado oculto bajo tierra y listo para ser usado” y que “era Instructor de manejo de explosivos en una Escuela de Guerrilleros que funcionaba en Vicuña”.
De Roberto Guzmán se dijo que su ejecución fue “por incitar a los mineros del Campamento de Desvío Norte y sus alrededores a apoderarse de los polvorines y oponer resistencia armada a la Junta de Gobierno”.
Respecto de Mario Ramírez, Jorge Peña Hen, Marcos Barrantes, y Jorge Osorio, se dijo que “habían participado en la adquisición y distribución de armas de fuego y en actividades de instrucción y organización paramilitar con fines de atentar contra las Fuerzas Armadas y Carabineros y de personas de la zona”.
Sobre Manuel Marcarian se dijo que fue ejecutado por “haberle encontrado explosivos para asaltar el Cuartel de la Subcomisaría de Los Vilos, haciendo caso omiso de los Bandos y de las advertencias hechas personalmente por Carabineros”.
DESMONTANDO LAS MENTIRAS
Los cuerpos de las 15 personas ejecutadas no fueron entregados a las familias para su sepultación, como hubiera correspondido en el caso de un “Tribunal en Tiempos de Guerra”.
Más tarde, el coronel Lapostol se refirió en el diario “El Día” del 18 de octubre de 1973 a los siniestros planes en los que habrían estado involucrados los ejecutados: “Es muy probable que muchas personas hayan estado relacionadas con esta gente o que se conozca por amistad a alguno de ellos, por visitas en sus casas, en cualquier cóctel o en cualquiera circunstancia común. Sin embargo, este aspecto exterior nada tenía que ver con los otros aspectos terroristas que llevaban por dentro y que constituía la cara de la otra medalla. Como es de conocimiento público, habían determinado planes que de haberse concretado ni usted ni yo estaríamos en este momento sentados uno frente al otro”.
Añadió el diario: “Acerca de lo repentina que apareció a la vista de la ciudadanía esta determinación de hacer cumplir el fallo del tribunal militar, especialmente porque no se esperaba una medida de esta naturaleza basada en el desconocimiento que de los planes terroristas de elementos extremistas adictos al pasado régimen, tenía la gran mayoría de los habitantes de la provincia”, el comandante Lapostol fue parco en señalar: “También era repentino lo que ellos iban a hacer el 17 de septiembre”.
“Lógicamente que esto es algo impactante. Y lo es más que nada porque el terrorista no le anda contando a medio mundo que él es terrorista o que tiene pensado realizar tal o cual plan de ataque. Por eso es que ha impactado saber que varias de estas personas hayan estado cumpliendo planes terroristas, detenidos y confesos”, aseguró.
Sin embargo, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación concluyó en forma tajante que los prisioneros “fueron ejecutados al margen de todo proceso legal por agentes del Estado”. Señaló: “El hecho que, de haberse celebrado el supuesto Consejo de Guerra, no existió derecho a defensa de los acusados, toda vez que no hubo presencia de abogados ni posibilidad alguna de efectuar descargos (…) Pese a los requerimientos e indagaciones reiteradas de la Comisión no pudo obtenerse copia de una sentencia judicial o de cualquier pieza procesal referidas al juicio que habría sido realizado en contra de los quince ejecutados”.
De hecho, anota el Informe, en el caso de Roberto Guzmán ya había sido condenado por un Consejo de Guerra a una pena de cinco años, la que fue rebajada por el Comandante en Jede del Ejército en 1975 a 541 días… Patricia Verdugo agrega que en los casos de Jorge Jordán, Gabriel Vergara, Hipólito Cortés y Oscar Cortés, el 10 de diciembre de 1973, dos meses después de sus asesinatos, el Consejo de Guerra de La Serena emitió sentencia en su contra, procedimiento al sobreseimiento de los cuatro por “estar ya muertos”.
La referencia al 17 de septiembre de 1973 tenía una explicación. A esas alturas, los medios de comunicación adictos al Golpe de Estado, como los diarios “La Tercera” y “El Mercurio”, venían hablando, con grandes titulares en sus portadas, que ese día se consumaría la puesta en marcha del Plan Zeta… hasta que a fines de octubre de ese año la dictadura cambió su versión: el supuesto complot marxista sería el 19 de septiembre y no el día 17. Ni siquiera procuraron que la mentira tuviera coherencia interna.
En el caso de Jorge Peña Hen, los opositores a la Unidad Popular hicieron correr el rumor de que, luego de un viaje a Cuba, había traído armas en los estuches de los violines. Por cierto, no era verdad. En el citado comunicado oficial de la Jefatura de Plaza no existe alusión alguna a ese supuesto hecho, el que no fue investigado por “Tribunal Militar en Tiempos de Guerra” alguno, pues fue asesinado sin que hubiera ninguna investigación. El supuesto Consejo de Guerra a que se refería el comunicado oficial de la Jefatura de Plaza nunca existió. Fue ejecutado sin más trámite, junto a los otros detenidos, por la caravana de Sergio Arellano Stark.
Aunque se busque “en cualquier parte” no se encontrara evidencia alguna que conste en una investigación judicial, civil o militar, que acredite la efectividad de esa imputación, porque no existió nunca.
En “Los Zarpazos del Puma”, el coronel Lapostol admitió a la periodista Patricia Verdugo: “Sí, mentí. Pero, ¿qué hacía? Tenía que explicar al país y a la ciudad que habían sido fusilados quince prisioneros. ¿Cómo iba a explicarle al otro día a la madre o a la esposa que su hijo o su marido ya no estaba en la cárcel, que estaba muerto? Tenía que decir algo”…
El 17 de noviembre de 1998 un total de 17 cuerpos fueron finalmente exhumados de una fosa común aledaña al Cementerio Municipal de La Serena.
Quince de ellos correspondían a estos ejecutados políticos. Varios fueron hallados con documentos de la época en que fueron detenidos. Además se hallaron en la fosa otros dos cuerpos que correspondían al de un padre con su hijo muertos tras un altercado con fuerzas policiales en la fecha en que se concretaron los fusilamientos.
Habían sido lanzados a una fosa común creada en 1965, con 15 metros de profundidad y un diámetro de cinco metros. El lugar estaba destinado como depósito de restos biológicos del Servicio Nacional de Salud.
Era la diligencia más importante de ubicación de desaparecidos y ejecutados efectuada después de la detención de Augusto Pinochet en Londres. El equipo médico forense, bajo las órdenes del Juez del Segundo Juzgado de Letras de La Serena, Nicanor Salas, había iniciado las excavaciones el 5 de noviembre con el objetivo de ubicar a los 15 fusilados.
Nella Camarda, viuda de Jorge Peña Hen, el malogrado académico, compositor y director de orquesta, más de dos décadas después, expresó durante un homenaje que le hicieron en la Universidad de Chile: “Este es un momento muy emocionante. Jorge Peña Hen es recibido en el Salón de Honor de la Universidad de Chile. Nosotros que hemos trabajado una vida entera en este plantel, sabemos lo que ello significa. Porque él es recibido después de 25 años de haber sido arrancado bárbaramente de estas aulas donde fuera un brillante académico. Nos reunimos para algo que tiene una trascendencia no solamente nacional sino universal: la reivindicación de un ser humano. De un ser humano creador, dotado de una fuerza excepcional que lo llevó a desarrollar una obra sólida que sacó de la nada, de la ausencia total de recursos y que sin embargo irrumpió en la sociedad arrasando con las diferencias sociales, de credo o políticas. En este momento se está cumpliendo en mí un anhelo que nació en el mismo instante en que supe de su horrible muerte. Entonces yo dije: algún día sabrán a quien mataron, algún día sabrán quien era Jorge Peña. Y así fue, poco a poco, después de un largo período de silencio, en que la más mínima alusión a su nombre fue acallada por los voceros de la dictadura, comenzó a resurgir como el ave fénix”.
Imágenes: Universidad de La Serena y Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.
Por Víctor Osorio. El autor es periodista.
Santiago, 17 de octubre de 2025.
Crónica Digital.
