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El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el diputado Joaquín Lavín León (UDI). La resolución fue conocida poco antes de las 13:00 horas, tras escuchar los alegatos de las partes.
El legislador es objeto de una investigación penal que lo vincula con la emisión de facturas falsas y la eventual realización de gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú, durante el periodo en que su esposa, Cathy Barriga, ejerció como alcaldesa.
La fiscal de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, expuso los fundamentos de la solicitud del Ministerio Público ante los magistrados en una presentación que se extendió por 45 minutos.
Con la resolución a favor del desafuero, la defensa de Lavín León deberá evaluar si recurre o no a la Corte Suprema para revertir la decisión del tribunal de alzada.
De quedar firme y ejecutoriado, el desafuero implica que el diputado quedará inhabilitado para votar y participar tanto en las sesiones de sala como en las comisiones de la Cámara de Diputados. Además, su escaño será restado del total de parlamentarios para el cálculo de las mayorías necesarias en la aprobación de leyes.
Al ser despojado de su inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público estará en condiciones de formalizar la investigación en su contra y solicitar eventualmente medidas cautelares respecto al legislador imputado.
El diputado Lavín apelará a la Corte Suprema y criticó a la Fiscalía Metropolitana Oriente, afirmando que sus acusaciones son «absolutamente falsas» y que el Ministerio Público ha hecho un esfuerzo por «crear delitos».
CRITICAS A CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS
De confirmarse el desafuero, el legislador queda inhabilitado para votar y participar en las sesiones y comisiones de la Cámara de Diputados, uniéndose a la misma situación que enfrentan Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto (cuya resolución aún no se ha hecho efectiva).
La resolución generó reacciones en el Congreso, centradas en la ética, la probidad y las consecuencias para la representación ciudadana:
Claudia Mix (FA): Calificó el episodio de corrupción como una pérdida doble para la ciudadanía: de recursos públicos que afectan los servicios y de representación cuando el parlamentario queda inhabilitado. Destacó que, al menos, «la justicia está funcionando».
Frank Sauerbaum (RN): Respetó el fallo judicial, pero manifestó gran preocupación por tener cinco diputados desaforados, lo que «habla muy mal del prestigio de la Corporación» e incide en las votaciones.
Andrés Giordano (FA): Puso el foco en el «privilegio inaceptable» de que los diputados desaforados sigan recibiendo su dieta. Hizo un llamado a dar urgencia al proyecto «Desafuero Dieta Cero» para suspender el pago a parlamentarios formalizados por delitos graves.
Rubén Oyarzo (UDI): Sostuvo que la decisión es una «señal clara: Nadie está por sobre la ley» y exigió que la justicia actúe con total independencia para investigar a fondo, pues la transparencia y probidad «deben ser principios intransables». (NP-Geminis-La Tercera-Emol)
