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El Congreso Nacional despachó a ley el Presupuesto de la Nación 2026 este miércoles por la noche, tres días antes del plazo fatal del 29 de noviembre, logrando el Gobierno mantener intacta la estructura central de su erario fiscal. Pese a las fuertes críticas y a que la oposición, liderada por Chile Vamos, estimó un desfinanciamiento de US$1.500 millones y solicitó recortes de esa magnitud, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la Dirección de Presupuestos impusieron su visión. La estrategia del Ejecutivo se basó en insistir en que las proyecciones de ingresos estaban ajustadas y que el crecimiento del gasto era moderado, por lo que no había espacio para más reducciones.
El Presupuesto 2026 conserva su expansión del gasto en un 1,7% respecto al año anterior, totalizando $86,2 billones (alrededor de US$90 mil millones), lo que representa el menor incremento del gasto público desde 2023. Con estas cifras, se proyecta un déficit fiscal estructural de $-1,1\%$ del PIB para el próximo año. Esto marca una diferencia clave con el Presupuesto 2025, cuando el entonces ministro Mario Marcel recortó el gasto en US$600 millones al inicio de la tramitación.
Diputados de oposición, como Frank Sauerbaum (RN) y Felipe Donoso (UDI), manifestaron su descontento, acusando que el Gobierno «simuló negociar» y que el Presupuesto se aprobó con las mismas dudas iniciales sobre proyecciones de ingresos y gastos. No obstante, Sauerbaum valoró las mejoras logradas en áreas como seguridad pública, con aumentos de recursos para PDI, Inteligencia y Carabineros, y el aumento de subsidios del DS49 a 40 mil.
Expertos técnicos de oposición también cuestionaron el resultado. Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos, advirtió que el punto de partida del próximo gobierno es un déficit de 2 puntos del PIB debido a ingresos sobreestimados y gastos subestimados. Por su parte, Cristina Torres, también exdirectora de Presupuestos, lamentó que la discusión no lograra zanjar las legítimas dudas sobre el financiamiento, y planteó que a nivel macro será crucial concentrarse en el cierre fiscal del presente año y cómo impactará en la ejecución del próximo erario.
La Comisión Mixta fue la encargada de zanjar las diferencias, reponiendo temas con modificaciones. Se logró reponer y aumentar el presupuesto para el Ministerio de Seguridad Pública ($5 mil millones adicionales) y los recursos del Congreso Nacional, incluyendo el financiamiento para los expresidentes. En cuanto a los sitios de memoria, se repuso su financiamiento, pero con la indicación de que el gasto en contratación de personal no supere el $50\%$. El financiamiento del Injuv también fue repuesto totalmente, aunque se exigió un informe de rediseño institucional para junio de 2026. Se redujo el pase cultural de $16.000 millones a $8.000 millones. Finalmente, se rechazó el financiamiento para el programa de identidad de género y para la Fundación Salvador Allende. (NP-Gemini-La Tercera-Agencias)
